9/7/08

Un cuchillo sin hoja al que le falta el mango

 





Por una diferencia estrecha, el oficialismo consiguió finalmente media sanción de la Cámara de Diputados para el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 24 de junio o, más bien, para lo que quedó de él.
Al día siguiente del anuncio de la señora de Kirchner de que consultaría al Legislativo, el ministro de Justicia Aníbal Fernández, con su habitual clarividencia, tradujo los deseos del matrimonio presidencial: “Hay que aprobar a libro cerrado el texto que se envió”. Si se excluyen los dos primeros artículos del proyecto, el resto fue totalmente modificado en función de la necesidad del oficialismo de acercar socios y votos y, sobre todo, de evitar fugas de las propias filas. Así, el resto del proyecto original quedó como un cuchillo sin hoja al que le falta el mango. La ansiedad recaudatoria que había guiado inicialmente al gobierno y al redactor de la resolución 125 (el renunciado y alejado ministro de Economía Martín Lousteau) tuvo que contentarse con muchísimos menos recursos potenciales que los 1.500 millones de dólares que esperaban cosechar con las retenciones móviles. En sus intentos (no siempre exitosos) de seducción a diputados propios y ajenos, el kirchnerismo legislativo dejó jirones de aquella suma.
En cualquier caso, y aun si se admite que el tintineo de la caja es un sonido que subyuga al oficialismo, lo central para el matrimonio presidencial consistía en salvar del naufragio que le provocó su choque con el campo una imagen de victoria legislativa y los dos artículos primeros del proyecto, los que ratifican la resolución 125 y le reconocen al Ejecutivo su atribución para fijar esa suerte de impuesto excepcional a los ingresos brutos que son las retenciones.
Al aprobar (por menguada que haya sido la diferencia) ese capítulo del proyecto original, la Cámara de Diputados delegó una vez más a la Presidencia funciones específicas que le fija la Constitución, es decir se sometió voluntariamente a una amputación de facultades propias. Está por verse aún –sobre ese tema deberá pronunciarse tarde o temprano la Corte Suprema- si lo que votó la Cámara Baja es o no inconstitucional. El hecho de que el Congreso vote una norma –por la mayoría que sea- no convierte a esta automáticamente en constitucional. Si una mayoría legislativa decidiera próximamente, por ejemplo, designar rey a Néstor Kirchner o implantar la esclavitud en la Agentina, esas ocurrencias no pasarían el examen de constitucionalidad, serían nulas de toda nulidad, la Corte se expediría sobre el asunto con la celeridad necesaria y, además, probablemente la ilegalidad manifiesta determinaría reacciones políticas de distinta magnitud.
El gobierno, de todos modos, tiene motivos para suspirar aliviado por el momento, ya que consiguió preservarse de una derrota legislativa. Por primera vez en mucho tiempo el Congreso actuó más cerca de lo que la sociedad espera de él que de la escribanía presidencial en la que estuvo convertido durante cinco años. Hasta los diputados oficialistas parecían alegres de este volver a vivir, aunque omitían en sus discursos ante las cámaras de tevé que la fuerte asistencia y los debates enérgicos, las reuniones multitudinarias de las comisiones y las consultas a las partes interesadas que el país observó en los últimos días ocurrieron como resultado de una vastísima movilización del campo y de la Argentina interior que duró casi cuatro meses, que forzó al matrimonio presidencial a enviar al Congreso lo que pretendía decidir de entrecasa y que hasta impulsó a sectores del oficialismo a retobarse, a desobedecer o a elevar su cota de pensamiento crítico y realismo. Fueron el campo y la rebelión de la Argentina interior los que levantaron la cotización del Congreso y de los congresistas (sin excluir, por cierto, a los del oficialismo y sus aliados).

La prueba del ácido

Ese triunfo forzado y notoriamente pírrico que el kirchnerismo logró el sábado a la mañana tiene todavía que pasar por la prueba del ácido de la realidad. Si bien se mira, lo que el oficialismo saca de Diputados es la ratificación de la resolución que provocó el largo conflicto; puede objetarse que los montos de las retenciones han sido acotados por un mecanismo de compensaciones que achica sus efectos para los productores más pequeños. A eso hay que señalarle, sin embargo, que los productores desconfían de las compensaciones (“¿Para qué me sacás con el argumento de que me vas a devolver? No me saques”, ha objetado con elocuencia el entrerriano Alfredo De Angeli) y que estas compensaciones, según lo que aprobaron los diputados, rigen sólo hasta octubre, por cuatro meses. Es decir: en el mejor de los casos las retenciones se achican hasta octubre, pero esta ley le ha reconocido sine die al Poder Ejecutivo la atribución de fijar ese impuesto y los montos correspondientes. ¿Con qué confianza van a sembrar y producir los chacareros ante esa discrecionalidad atribuida a una autoridad que sólo cedió lo que cedió después de una verdadera gesta nacional de la Argentina interior? Muchos de ellos piensan que, en unos meses, una vez desmovilizado el campo, un Ejecutivo urgido financieramente por las dificultades de su política económica volverá a embestir contra él.
Por eso la inquietud sigue manifestándose en asambleas y a la vera de las rutas. La votación de la Cámara Baja no devela las dudas e inquietudes de los productores. Y por cierto no da ninguna respuesta aún a los reclamos de mejor distribución territorial de los recursos.

La naturaleza de la crisis

Lo que el país viene desplegando desde hace 120 días meses no es una crisis como otras, ni una mera pelea entre un sector y el Estado, ni un cortocircuito de carácter institucional. Esas y otras dimensiones están presentes, sí, pero lo que define la actual situación es su carácter de crisis política de fondo, la circunstancia de que un amplísimo y creciente número de argentinos siente que debe optar entre uno de dos espacios enfrentados.
Lo paradójico, a primera vista desconcertante, es que la crisis se desatara en el momento en que a la Argentina se le abre una perspectiva de abundancia. Se trata, en rigor, de una crisis que estalla porque una traba política obstruye el acceso del país a la oportunidad histórica excepcional de reinstalarse vigorosamente en el mundo a partir de sus capacidades productivas y su competitividad internacional en el terreno de los alimentos, convertido en un campo estratégico por la explosión de la demanda mundial (y por la sutentabilidad en el tiempo que se proyecta en esa demanda).
El obstáculo se interpone no ante una posibilidad genérica o azarosa, sino ante una oportunidad que ya se ha abierto. No se trata de que la Argentina tenga meras “condiciones naturales” para ese apovechamiento. Tiene tradición en la actividad y experiencia productiva, tiene un sector social protagonista de la producción que reúne a la vez espíritu emprendedor, creatividad, competitividad internacional e importancia económica. Los producción del complejo agroindustrial responde por las dos terceras partes de las exportaciones argentinas.
Ese fenómeno heterogéneo pero íntimamente conectado, que se expresa como “el campo” se manifiesta en todo el territorio nacional, ha expuesto su voluntad de actuar y de “remover el obstáculo” que impide la conexión con la oportunidad histórica. Y define como obstáculo una política –un gobierno- que no se limita a impedir pasivamente esa realización , sino que lo hace de modo activo: combate por distintos medios, sin excluir el uso de la presión y de la fuerza, a los sectores que encarnan esa oportunidad.
El instrumento de la obstrucción ha sido el sistema de las retenciones móviles impuesto por la resolución número 125, que el gobierno K sostiene pese a que hizo renunciar al ministro que la elucubró.

Menos equidad territorial que en el Proceso

Esa resolución y el régimen de retenciones que estableció son en verdad, una ilustración perfecta tanto del obstáculo que el oficialismo le impone a la producción agraria como de su agresión al federalismo fiscal. Sucede que las retenciones son recursos que el gobierno nacional recauda, pero excluye de la masa impositiva que debe coparticipar con las provincias. Así, afecta a los productores y a los distritos en los que ellos operan, aspirando de los bolsillos de unos y otros fortunas que terminan en las arcas del centralismo.
En el período 1973-75, durante el último gobierno de Juan Perón, continuado, tras la muerte del General, por su viuda, María Estela Martínez, la coparticipación automática de la recaudación total de impuestos nacionales a favor de las provincias superó el 50 por ciento (durante 1975 llegó al 52,4 por ciento).
Durante el Proceso militar, iniciado en 1976 con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, la cuota de impuestos coparticipados por las provincias cayó marcadamente, y en el último año de ese régimen fue del 32 por ciento.
La ley 23548, sancionada durante la presidencia de Raúl Alfonsín, decidió que el 57,66 por ciento de los recursos recaudados iría a las provincias y garantizó en su artículo 7 que las transferencias automáticas no serían inferiores al 34 de esos recursos. Hoy no sólo no se obedece a la Constitución reformada en 1994 que reclama una nueva ley de coparticipación federal: tampoco se cumple con la norma subsistente, pues el porcentaje de recursos recaudados por la Nación que se transfiere automáticamente a las provincias es el más bajo del último medio siglo: sólo el 27 por ciento. Sí, más bajo inclusive que el de los años de la dictadura.
Y ese reparto se sigue encogiendo en términos proporcionales. En mayo, por ejemplo, los recursos totales del sector público se incrementaron en un 30,5 por ciento. Las transferencias automáticas a las provincias, en cambio, sólo crecieron un 19,5 por ciento en promedio. Los promedios muchas veces opacan la realidad. En el caso de las transferencias a las provincias, ocultan que algunas (las que tienen gobernadores obedientes y disciplinados) son favorecidas con recursos que se niegan a los más díscolos. Mientras el Entre Ríos recibe 1600 millones para obras públicas y al Chaco de Jorge Capitanich se lo premia con 200, a Córdoba sólo se le giran 18 millones y medio, mientras su gobernador, Juan Schiaretti amenaza con recurrir a la Justicia para que le paguen cien veces esa suma: 1.600 millones de compromisos previsionales que el Estado Nacional había jurado que oblaría…antes del conflicto agrario. Por su lado, Catamarca, donde gobierna un radical que dejó de ser K, Eduardo Brizuela del Moral, recibió alrededor de $20 millones, pero reclama 100 de una deuda que el estado central le mezquina.
El Estado central, entretanto, recauda y gasta. En ese mismo mes de mayo, por caso, el gasto primario del gobierno nacional creció (por encima de la recaudación) un 40,1 por ciento. La mitad de ese aumento se destinó a “transferencias al sector privado”, dicho más llanamente: a subsidios, buena parte destinados a cubrir el notable déficit energético y la dispendiosa vía de resolverlo que eligió el gobierno, o al transporte. En lo que va del año –señala un minucioso informe del diario La Nación-, el aporte de los subsidios “al incremento de los gastos primarios ya supera la contribución de las prestaciones a la seguridad social, explicando, respectivamente, un 35 por ciento y 32 por ciento de la expansión total".

La lógica del “modelo”

El llamado “modelo K”, tiene una lógica transparente: succiona recursos de todos los distritos (principalmente de la Argentina interior) hacia la caja central y los emplea para condicionar y disciplinar gobiernos provinciales o municipales; confisca a los sectores más productivos y competitivos y con ellos distorsiona los precios y genera dependencia de sectores empresarios, que en lugar de obtener rentabilidad por la vía del mercado y la competencia, la consiguen como cortesanos y embolsando subsidios.
Un trabajo reciente ilustra la matriz parasitaria de ese modelo: “Actualmente, para la soja, con una retención del 46 por ciento y un valor para la tonelada de soja de u$s 550, el Gobierno recauda unos u$s 250 por tonelada de soja producida. Así, el productor que cosechó 40 quintales por hectárea, aporta al Estado 1000 dólares por hectárea (sí, mil dólares por hectárea) y el que sacó 12 quintales aporta 300 dólares por hectárea aunque perdió plata y lejos de tener una renta extraordinaria tuvo una pérdida. En los actuales niveles de retenciones no hay situación en la que el productor gane más que el Estado, que lo único que hizo fue dictar la Resolución 125.”
Si se agrega que esa recaudación huye de las provincias que generan la riqueza para aterrizar en la caja central, se comprende que el interior –sector público y sector privado- se rebele frente a una política que lo condena al languidecimiento precisamente en el momento en que el mundo ofrece una oportunidad excepcional.
La victoria numérica obtenida por el oficialismo en Diputados ha ratificado la Resolución 125 y, sobre todo, la presunta atribución del Ejecutivo para fijar retenciones a piacere. Ha vuelto a las andadas, aunque endulzara ese trago amargo para el campo con innumerables parches bajo la forma de reintegros…que sólo tienen vigencia hasta octubre. Y que, más allá de eso, no gozan de la confianza de los productores. ¿Solución para semejante crisis o, una vez más, un cuchillo sin hoja y sin mango?

5 de julio 2008. Publicado en La Capital de Mar del Plata

El conflicto del campo y el capitalismo de amigos







Hay gente que hace fortuna trabajando, produciendo, creando, tomando riesgos. Hay otros que se vuelven rápidamente ricos en tiempos críticos, adquiriendo a precio de catástrofe los activos de gente en dificultades. Cuando, bajo el régimen del Proceso Militar, estaba en vigencia la circular 1050, muchos argentinos vieron crecer vertiginosamente sus compromisos inmobiliarios y se vieron forzados a malvender sus casas, sus propiedades. Estos, víctimas de las circunstancias, se empobrecieron mientras otros se enriquecían con su desgracia.

La circular 1050 es un caso clásico del poder que tiene el Estado con sus regulaciones para –como dirían hoy los propagandistas oficiales- redistribuir la riqueza. El matrimonio Kirchner sacó, en términos privados, buen provecho de dificultades ajenas provocadas por las regulaciones del gobierno militar: según sus propias declaraciones de bienes, la treintena larga de los inmuebles que poseen proviene de aquellos tiempos en que el doctor Kirchner, con el auxilio de su señora esposa, abogada en ciernes, trabajaba jurídicamente en el rubro cobranzas, ejecuciones y lanzamientos de un estudio austral. Sus biógrafos patagónicos señalan que Néstor Kirchner siempre estaba en condiciones de hacer una oferta a los deudores amenazados de embargo y lanzamiento por su incapacidad de pago.

Aquella joven y emprendedora pareja de abogados recibidos (o a punto de recibirse) en la Universidad de La Plata descubrió en Santa Cruz, a través de su experiencia práctica, el enorme papel redistribuidor que tiene la regulación estatal, capaz de decidir quién será pobre y quién será rico.

Tres décadas más tarde, el matrimonio se encuentra en condiciones de encarnar el papel redistribuidor que durante su juventud jugó el Proceso Militar. Ahora son ambos cónyuges los que tienen la varita mágica que desbarata negocios o los promueve, reparte miseria, inventa nuevas fortunas o acrece algunas de las preexistentes.

En la Venezuela de Hugo Chávez, el periodista Juan Carlos Zapata, director del semanario Descifrado, inventó la palabra boliburguesía (por "burguesía bolivariana"), para nombrar a una clase social enriquecida merced al favor del poder: concesionarios de obras o servicios, intermediarios de negocios petroleros o financieros, en fin: lo que en la Argentina ha dado en llamarse "capitalismo de amigos". En Venezuela, el ex guerrillero Teodoro Petkoff, hoy convertido en una de las figuras más sólidas de la oposición a Chávez y director periodístico de Tal Cual, se ha preguntado con ironía si "la acumulación primitiva de esta nueva burguesía no halla su origen en la corrupción administrativa".

Explica un observador venezolano: "Ya no se trata de montar industria y arriesgarse, ni tampoco comenzar desde abajo, sino de comprar industrias existentes para legalizar otras transacciones y adquirir negocios establecidos con los ingresos obtenidos en transacciones relampagueantes. La fuente de la riqueza, por consiguiente, está entonces vinculada a la acción del Estado en la economía, en particular, en el mercadeo internacional de los despachos petroleros, las colocaciones bancarias, el manejo de la deuda pública y las compras gubernamentales, entre otras"

En rigor, que desde el Estado se favorezcan algunos enriquecimientos personales no es cosa nueva ni una especificidad de países en desarrollo. En todas partes y en muchos tiempos se han cocido habas. En la Argentina, sin ir más lejos, en tiempos del general Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento inventó el verbo "atalivar", derivado del nombre de Ataliva Roca, hermano del general y presidente. "Se decía que Julio Argentino creaba y Ataliva recibía".

Lo singular en los países donde impera el capitalismo de amigos o formas sociales equivalente a la boliburguesía venezolana es el manejo simultáneo del palo y la zanahoria: de la capacidad de empobrecer a algunos (o dificultarles la operación) como forma de crear negocios para otros (los amigos).

Entre nosotros han sucedido cosas notables. Algunas empresas extranjeras descubren súbitamente que deben darle lugar en sus directorios y en su sistema de propiedad y poder a "especialistas en el factor local", empresarios con cédula de identidad argentina a los que se atribuye la capacidad de evitar dificultades administrativas o políticas en el terreno. Repsol YPF entregó parte de sus acciones a una empresa argentina (titular del Banco de Santa Cruz, el que maneja los fondos provinciales exportados en su momento a destino desconocido por el entonces gobernador Néstor Kirchner). Esta empresa no hizo desembolso alguno para quedar con el 17 por ciento de la empresa petrolera y con su manejo operativo.

Una importante aerolínea, hostigada durante un extenso período por sindicatos oficialistas, golpeada por huelgas salvajes, obligada a deshacerse de parte de su cuerpo ejecutivo, comprende también la imperiosa virtud de tener un "socio local que conozca el mecado". Es decir, que maneje la lógica del palo y la zanahoria y tenga influencia para detener uno y aproximar la otra.

La contratación de obra pública, el juego, las concesiones energéticas son otros tantos campos de alta rentabilidad en los que en países de matriz "bolivariana" prospera el capitalismo de amigos. Hay quienes se han planteado si se puede interpretar desde esta clave el largo conflicto entre el gobierno de Néstor Kirchner y los productores agrarios.

En una agudísima nota publicada en La Política on Line, la periodista Silvia Mercado explicó que " alguien lo convenció a Néstor de que los alimentos se están transformando en un elemento tan estratégico como la energía" . Estimó Mercado que "esa debe ser la verdadera razón por la que Kirchner salió a comprar campos a través de testaferros (La Política Online publicó al respecto la compra de una de las estancias más grandes de Santa Cruz por parte de Lázaro Báez) y a liquidar a los pequeños y medianos productores con las retenciones para concentrar la propiedad de la tierra y las decisiones de producción, precio y exportación".

Hoy no es preciso depender de las decisiones de otro –generales, Martínez de Hoz, etc.- para crear dificultades a algunos que generen oportunidades a otros. Hoy las regulaciones las produce la familia Kirchner.

En cualquier caso, hubo momentos en que la existencia de una "boliburguesía" nativa, aunque significara un ruido en el desarrollo general, no erigía obstáculos decisivos al crecimiento del país. Ahora, en cambio, superado el momento de rebote económico que se extendió hasta 2006, lo que se nota son progresivas caídas.

La inversión extranjera –clave de la inserción internacional- se ha contraído: Argentina, que en 1997 era destino preferido (junto a China), hoy es la quinta receptora de América Latina, detrás de Brasil, Chile, Colombia y Perú.

El índice de riesgo país de Argentina más que triplica el de Brasil. El país está a punto de irse al descenso en la calificación bursátil internacional: el índice MSVI Emerging Markets del banco Morgan Stanley (uno de los más relevantes del mundo) analiza ubicar al país en la categoría más baja: "mercado de frontera", una categoría en la que se encuentran Nigeria y Costa de Marfil, por caso.

La deuda reclama más de 36.000 millones de dólares en vencimientos hasta el Bicentenario, 15.000 millones vencen en 2008. La situación energética es calamitosa. La inflación ya no es una amenaza: es una realidad. Con la inflación se extienden la pobreza y la indigencia. La redistribución de la riqueza tiene un significado peculiar en la Argentina K.

El gobierno no sólo está asfixiado por las opciones políticas que ha asumido, sino por la desastrosa administración que ha desplegado.

En ese paisaje, la familia Kirchner afronta ahora una prueba decisiva: mantener disciplinado al peronismo, que ha empezado a desplazarse fuera de la influencia K a raíz de la crisis con el campo.

Hoy no parecen alcanzar los gritoneos de Néstor K. para poner en caja a su propia tropa y sostener como en los últimos cuatro años el principio de obediencia debida. Tiene algo de quimérico reclamar la misma conducta cuando las circunstancias se han modificado tan dramáticamente. Hoy las encuestas de opinión pública revelan que la titular oficial del Ejecutivo y el gobierno en su conjunto recaudan en la sociedad ocho juicios negativos por cada dos favorables. Lo que es lo mismo que decir que los Kirchner les ofrecen a sus seguidores el trueque de obediencia ciega por un futuro político más que vidrioso: una operación casi usuraria.

No es de extrañar, así, que la opinión de gobernadores e intendentes, de congresistas opositores pero también de muchos que el gobierno contabiliza como propios reclame ahora para las Cámaras la atribución natural de discutir libremente y hacer con el proyecto enviada por la Casa Rosada lo que crea conveniente.

Las propuestas de "consensuar" que formulan los desobedientes (empezando por el vicepresidente Cobos, que ha sorprendido no sólo a los Kirchner) representan para la Casa Rosada la más pérfida de las traiciones. Néstor Kirchner no quiere consensos ni empates, porque sabe que esas palabras enmascaran mal su propia derrota. El necesita poder sin límites. En su percepción de las cosas: el "modelo" no funciona sin ese estilo de comando; el poder se escurre entre los dedos; avanza la amenaza destituyente.

La oportunidad del Congreso



Sacudido por el vendaval del paro agrario, la rebelión de la Argentina interior, las movilizaciones populares y los cacerolazos, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner respondió con discursos, actos, spots televisivos, agravios y con un ocurrente jueguito para la tribuna que en primera instancia logró desconcertar a propios y extraños.

La promesa de enviar las retenciones móviles al Congreso para que sean debatidas en las Cámaras sonó, en una primera lectura, como una decisión desacostumbradamente sensata. Se trataba, en realidad, de una jugada políticamente astuta: el Poder Ejecutivo, después de tensar al máximo el conflicto con los productores agrarios, endosaba el asunto a sus propios legisladores. Así, el oficialismo legislativo y los gobernadores (que de un modo u otro lideran a los congresistas de sus distritos) se verán obligados a entrar a la cancha y a abandonar ambigüedades. El matrimonio gobernante procura cortar la retirada de sus diputados y senadores, quiere que estampen sus impresiones digitales en las medidas diseñadas por la Casa Rosada y los somete a la prueba del ácido de demostrar su fidelidad en las Cámaras. Eso sí: del otro lado, la misma prueba les será exigida por sus respectivos electorados, a los que teóricamente representan y se deben.

Pasados los primeros momentos de perplejidad general, a la maniobra del kirchnerismo se le empezó a correr el rimmel, comenzóa perder el maquillaje. Porque de debate, poco: el Ejecutivo no quería más que la ratificación legislativa de sus medidas y contaba para ello con la obediencia demostrada hasta el momento por los bloques oficialistas.

Es cierto que tenía algo de quimérico reclamar la misma conducta cuando las circunstancias se han modificado tan dramáticamente. Hoy las encuestas de opinión pública revelan que la titular oficial del Ejecutivo y el gobierno en su conjunto recaudan en la sociedad ocho juicios negativos por cada dos favorables. Lo que es lo mismo que decir que los Kirchner les ofrecen a sus seguidores el trueque de obediencia ciega por un futuro político más que vidrioso: una operación casi usuraria.

No es de extrañar, así, que la opinión de gobernadores e intendentes, de congresistas opositores pero también de muchos que el gobierno contabiliza como propios reclame ahora para las Cámaras la atribución natural de discutir libremente y hacer con el proyecto enviada por la Casa Rosada lo que crea conveniente. El gobierno, que había procurado encubrir y neutralizar su retroceso táctico, se ve forzado a moverse en territorio más pantanoso.

El vicepresidente Julio Cleto Cobos agregó otro factor, al exhibir una cuota de independencia que el matrimonio presidencial estima indeseable. El mendocino invitó a los gobernadores de provincias agrarias a discutir el tema de las retenciones en el Senado y la Casa Rosada saboteó la convocatoria, prohibiendo a los gobernadores oficialistas la concurrencia. Pocas cosas erizan más la piel del kirchnerismo que las juntas de gobernadores. Evocan para ellos los tiempos en que, por ejemplo, la presidencia de Eduardo Duhalde fue condicionada por el programa de 20 puntos impuesto por los jefes provinciales. Néstor Kirchner era uno de ellos.

Con todo, pese a las dificultades que encuentra para la materialización de su maniobra, el gobierno consigue hasta el momento defender a capa y espada su designio de sostener las retenciones. Al hacerlo, la verdad es que el gesto de enviar el tema al Congreso es fácticamente inútil para resolver el conflicto y es, además, jurídicamente esperpéntico.

En el plano fáctico es inútil porque no anula la resolución 125. Al dejar vigentes las retenciones, los productores agrarios seguirán manteniendo el producto en los silos-bolsa, no como obra de una resolución "corporativa" (han levantado el paro de comercialización) sino como fruto de múltiples decisiones empresariales particulares. Si los productores no venden, los transportistas no consiguen viajes, con lo que el problema permanece. También permanece el paráte en el amplio espectro de actividades que el campo mueve con su dinamismo.

En el plano legal, por otra parte, la decisión de la señora de Kirchner incurre en una enorme incoherencia. Enviar el proyecto al Congreso representa una autocrítica de hecho, un reconocimiento de que la resolución 125 no tenía validez legal. En rigor, si no es una autocrítica y una búsqueda de enmienda, no es nada.

Sucede, sin embargo, que el gobierno, para disimular su retroceso, no anula la resolución 125, con lo que convierte al Congreso en un mero adorno, llamado en el mejor de los casos a discutir sobre una resolución administrativa que mantiene sus efectos impositivos vigentes y sobre cuyo derecho exclusivo a ponerlos en vigencia la presidente afirma no tener duda.

El paso al Congreso no tiene sentido si no se anula la resolución, por manifiesta ilegalidad. Aun si se aceptara –como esgrimen juristas del oficialismo de la talla de Aníbal Fernández- que las retenciones/derechos de exportación (contemplados en rigor por el texto constitucional como impuestos, y por lo tanto, dominio del Congreso) son una atribución del Poder Ejecutivo, sería preciso señalar que una resolución ministerial no es expresión normativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal y su modo normativo de expresarse es el del decreto suscripto por su titular. La resolución es una norma administrativa menor, carece de jerarquía para decidir sobre incremento de gravámenes. Incluso si el argumento oficialista fuera correcto, la resolución carecería de pertinencia.

Por lo tanto, si la señora de Kirchner proclama como coartada de su maniobra "más institucionalidad y más democracia" habría que reclamarle coherencia: que cese de invocar la vigencia de las retenciones móviles.

Un último punto: aún si el Congreso aprobara como ley un proyecto idéntico a (o ratificatorio de) la resolución 125, el campo no tendría por qué bajar su reclamo. Las retenciones móviles tal cual existen hoy no sólo son cuestionables por su origen (resolución administrativa y manotazo del ejecutivo que eludió al congreso) sino también por su contenido irrefutablemente confiscatorio al imponer gravámenes superiores al 30 por ciento. Una ley que las ratificara debería ser cuestionada por inconstitucional (y, más allá del recurso jurídico, podría legítimamente merecer contestación por la vía de la protesta).

El 9 de junio el oficialismo intentó preservar sus retenciones móviles apelando especiosamente al argumento distribucionista. Ahora busca lo mismo recurriendo retóricamente a un debate legislativo que negó, obstruye y minimiza, mientras trata de disciplinar sus desordenadas fuerzas para recuperar la ofensiva. Las operaciones tácticas no zanjan los problemas de la realidad: los extienden, amplían y profundizan, porque postergan las soluciones, la remoción de los verdaderos obstáculos.

El envío del tema retenciones al Congreso, imaginado por el gobierno como maniobra elusiva, puede convertirse en la oportunidad para que el Legislativo vuelva a merecer el título de Poder y para que los congresistas recuperen el papel de representantes de sus electores y se quiten la triste cadena de la servidumbre al matrimonio presidencial.





Una modesta proposición

LA INSERVIBLE K

DEBE SER APARTADA



por Nuria Estévez y Jorge Raventos


Venimos con esta modesta proposición a sugerir la anulación de la K por su inutilidad manifiesta. Aunque para los argentinos la idea puede estar adornada con resonancias especiales, esta propuesta no debe ser considerada ni drástica ni discriminatoria ni se propone ningún golpe de timón en este campo: se basa en el análisis crudo de la realidad y en antecedentes ilustres de la tradición académica española e hispanoamericana.

Aunque somos concientes de que en materia de reformas ortográficas terminan teniendo más peso los usos y la práctica que las normas y las prescripciones, este escrito está destinado a proponer un cambio de esa naturaleza. Porque lo cierto es que las regulaciones a veces ejercen su influencia. Y son más eficientes cuanto más se aproximan a la verdad social.

Diecisiete años atrás, por ejemplo, la Unión Europea dispuso la virtual eliminación de la Ñ, apoyándose en la presunta practicidad de su ausencia en los teclados de las computadoras, postulada por algunos fabricantes. Se trataba de fabricantes de áreas lingüísticas no españolas, claro.

La regla tuvo una eficacia práctica limitada. La insólita resolución, además de ignorar que uno de los países miembros de la UE ostenta la letra Ñ en su propio nombre, estaba pésimamente fundamentada: ¿Qué cosa más práctica puede haber que usar un solo signo gráfico para simbolizar sonidos que a otros idiomas les requieren dos letras?

La Real Academia Española (junto a una legión de hispanoescribientes) puso el grito en el cielo y España debió acudir a un recoveco del Tratado de Maastritch y a una Ley de sus Cortes para salvar a la Ñ bajo el paraguas de una excepción de orden cultural.

Pese a su fragilidad argumental y a las sólidas objeciones recibidas, aquella norma tuvo consecuencias duraderas. En nuestro país, por caso, recién a partir de septiembre de este año de gracia de 2008 será admitido el registro de sitios de Internet que en su dominio usen la letra Ñ. Hasta ahora, la letra ha estado proscripta.

En este escrito venimos a fundamentar una reforma que creemos mucho más sustancial. No postulamos la proscripción de una letra, sino su total anulación. Nos referimos a la letra K y la causa que invocamos para proponer su remoción es su total inutilidad.

Somos concientes de que, al hacerlo, desafiamos nada menos que a uno de los padres de la ortografía castellano, don Gonzalo Correa y Duhalde, que en el siglo XVII propuso –a la inversa- la entronización de la K y la eliminación de la C y de la Q en su famoso Ortografía Kastellana Nueva i Perfetta (1630) que sostenía una reforma de la ortografía castellana basada en la fonética.

La ilusión de una ortografía simplificada recorre la historia de la lengua y en esa quimera han incurrido grandes hombres como nuestro Domingo Faustino Sarmiento, el venezolano Andrés Bello y, más recientemente, el colombiano Gabriel García Márquez. En rigor, el autor de Cien años de soledad sostuvo una postura mucho más radical que una reforma: alegó la necesidad, lisa y llana, de "sin más trámite, jubilar la ortografía". Lo hizo en Zacatecas, México, en 1992, como eje de su ponencia ante el Primer Congreso Internacional de la Lengua Española.

Un siglo y medio antes, en 1843, Sarmiento presentó en Chile un proyecto de nueva ortografía que sugería eliminar la Y (reemplazable por la I latina), la C y la Z, allí donde éstas dos letras pudieran ser reemplazadas por la S: Se escribiría "caserola", con ese en el medio; o "situasión mui difísil"; o: "Estoi cansado de De Angeli i Bussi".

La reforma de Sarmiento aspiraba a simplificar la grafía, dado que en el idioma español un solo fonema puede escribirse con más de una letra: la Y o el signo dígrafo LL expresan en la Argentina un único fonema (en "yo" o en "lluvia" ); las letras G y J (y en México también x) expresan un mismo fonema en "Méjico, México, gema, jirafa o gente".

Lo mismo ocurre con las letras C, K y Q, que encarnan un idéntico fonema en "capitalismo, crisis, Cristina, campo, piquetes, Kirchner, corrupción, cárcel".

En búsqueda de simplificación y de economía de recursos, es obvio que hay que eliminar la K. Primero: tiene usos reducidos. No es indispensable adscribir a escuelas proteccionistas para admitir que, puestos a poner prioridades, preferiremos a una letra genuinamente nacional por sobre una que es importada.

Anular la C, como sugería el gran Sarmiento parece un despilfarro: ¿Por qué privarnos de una letra que cumple con eficacia dos funciones fonéticas (por ejemplo: en condena y en celda)? Es apreciablemente más sencillo y redituable, como ha sugerido la doctora D. Terrón, apartar la K, que se inscribe en un reducido grupo de palabras y en todos los casos puede ser sustituida por la Q. Más aún, una vez eliminada la inservible K, podría destinarse en exclusividad la Q (inclusive sin necesidad del incómodo acompañamiento auxiliar de la vocal U delante de la E y la I), para expresar en exclusividad el fonema correspondiente en palabras como "qien, qerido, qrimen, Qirchner, qilo o qerosene".

No se trata de jubilar la ortografía, entonces: ni calvo, ni tres pelucas. Alcanza con poner en su lugar a la árida, ineficaz, redundante, inútil K. Ni más ni menos.

El ocaso de una ilusión





Hay políticos que lideran la

opinión pública; otros la

siguen. Y algunos

son perseguidos por ella.


ANONIMO (Argentina, siglo XXI)





Néstor Kirchner –tanto como su señora esposa- es el auténtico motor de la rebeldía nacional, que volvió a exhibirse el sábado 14, tras el intento oficial de despejar a los palos la ruta 14 y de la detención de Alfredo De Angeli y otros dirigentes agrarios. Ha sido la pretensión gubernamental de doblegar a los sectores del campo lo que mantuvo viva la protesta durante más de noventa días, lo que obstaculizó y postergó en repetidas ocasiones el diálogo con las entidades y en fin, lo que determinó el progresivo debilitamiento y encierro del oficialismo en una burbuja de obtusa autocomplacencia.

El lunes 9 de junio, cuando la señora de Kirchner –elegantísima con su pañuelo palestino de seda al cuello- se dirigió por cadena nacional a argentinos y argentinas para comunicar que había decidido destinar a la construcción de hospitales, viviendas y caminos el excedente de retenciones móviles a la soja tan pronto estas superen el 35 por ciento, la mesa chica del gobierno sintió que había dado un mazazo inapelable a las entidades rurales: había pintado el conflicto entre el oficialismo y el campo en términos de una lucha entre la benevolencia de un poder que procura distribuir "rentas extraordinarias" entre los pobres y las provincias, y la avaricia de quienes, amén de no dar trabajo ni invertir, se vuelven extorsionadores en su presión por quedarse "con todo". ¿Iban acaso a alzarse contra los pobres? En la Casa Rosada presumen con ciertos motivos que mentar la pobreza o la defensa de los derechos humanos es un remedio infalible para silenciar adversarios, más eficaz aún que acusarlos de golpistas y conspiradores.

Néstor Kirchner, estratega de la contraofensiva oficialista, consideró que la irrupción escénica de los camioneros transportistas de granos, con sus bloqueos totales de rutas de todo el país, ya había dejado sentidos a los chacareros. Pese a que las entidades rurales habían levantado el paro a instancias de la Iglesia, del pedido del gobernador de Santa Fé y de la exhortación del Defensor del Pueblo, y aunque se mantenían al costado de los caminos, hacía rato ya que no hacían piquetes, el gobierno no vaciló en culpar al campo por los bloqueos y el paulatino desabastecimiento suscitado por las protestas camioneras. La blitzkrieg propagandística de la Casa Rosada, encuadrando el conflicto agrario en los términos de un reclamo egoísta, desproporcionado, insensible, chantajista y desabastecedor debía ser el triunfal epílogo de la pelea. "De retenciones no se habla más".

Sin embargo, esa ilusión tuvo la vida de un lirio. "La política-dijo Metternich- puede compararse a una obra de teatro cuyo desarrollo se vuelve inevitable una vez que se levantó el telón. Declarar, entonces, la representación no tendrá lugar es un absurdo. La obra será representada, ya sea por los actores…o por los espectadores, que subirán a escena".

Los camioneros, que el gobierno quiso instrumentar contra el ruralismo, se quedaron en las rutas y prosiguieron su bloqueo cuasi salvaje. El gobierno no ha encontrado la forma de sacarlos de allí, mientras crecía el desabastecimiento de alimentos y combustible, se paralizaban el transporte de pasajeros y el turismo. Sucede que el gobierno se ha negado a resolver el conflicto, esto es, a dar una satisfacción constructiva a los reclamos del campo. Sin dialogar y dar una respuesta a ese problema, los productores – no como fruto de una decisión colectiva o "corporativa", sino en función de resoluciones empresariales particulares- no venden (ni compran) porque no consideran favorables las condiciones actuales. Resultado: no contratan a los camioneros para transportar la producción a puertos y mercados; los camioneros, sin trabajo por ese motivo, ocupan los caminos. Lo que los transportistas le exigen al gobierno es que dialogue con el campo y que ambas partes encuentren las vías de un acuerdo razonable. El campo se ha mostrado dispuesto. Es más: lo ha reclamado con insistencia. La intransigencia ha sido monopolio del gobierno. La intransigencia y la cortedad de miras.

En plan bélico, Néstor Kirchner ha tratado de atrincherarse políticamente en el PJ, pero esa es una trinchera que se está perforando desde dentro. El ex presidente comprende que las cosas son así, por eso esta semana, para evitarse una derrota en la interna santafesina ante Carlos Reutemann, Kirchner tiró la toalla anticipadamente y forzó a su protegido, el jefe del bloque oficialista de diputados nacionales, Rafael Rossi, a renunciar a su postulación y dejar el campo de batalla. Esa retirada kirchnerista no le impidió, sin embargo, presionar fuertemente a intendentes de varias provincias, usando un lenguaje y un tono que no admiten réplica en el momento, pero que alientan muchísimas resistencias íntimas. El peronismo se desgrana, la trinchera imaginada por Kirchner se desarma, mientras las acciones impulsadas por el gobierno desatan el desorden. La terquedad y la política del gobierno estimulan la creciente ingobernabilidad. El viernes 13, cuando aún no había ocurrido la detención de De Angeli ni se había destado la pueblada destinada a protestar por su encarcelamiento, el socialista Miguel Lifschitz, intendente de Rosario, advirtió: "Nos vamos acercando al precipicio y nadie atina a hacer nada, nadie aprieta los frenos o dobla el volante. Parece que los que tienen a su cargo la tarea de conducir el país no tuvieran capacidad de reacción (...)"Parece que no tienen conciencia de la gravedad de la situación y de las consecuencias que puede traer. El riesgo en que se pone, no ya la Economía, sino la institucionalidad".

Los argumentos sociales con que la señora de Kirchner prretendió -¡tres meses después!- justificar las retenciones móviles impuestas en marzo se disolvieron en pocas horas. No resulta coherente que se prometa financiar hospitales y viviendas con los réditos de un cultivo que el gobierno maldice y anuncia que combatirá por dañino. Ni resulta consistente que se proyecten obras dependientes de un ingreso aleatorio. Se insiste en el centralismo fiscal y en la distribución paternalista y caprichosa de los fondos. Las promesas de obras del gobierno son, por lo demás, tan poco creíbles como el índice de inflación que produce el INDEC. En cuanto a la opción por los pobres, que ha proclamado, el diputado Claudio Lozano, vinculad a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), le respondió que "esto requiere abandonar la mentira que supone ocultar 4.800.000 pobres y 2.800.000 indigentes" y agregó que "desde 2007 para acá el hambre crece junto a la economía".

Las argumentaciones que el oficialismo juzgaba el lunes 9 irrefutables y noqueadoras, fueron rápidamente discutidas y denunciadas. El arma de los bloqueos camioneros destinados a desacreditar la protesta campesina, se convirtió en un bumerán e incrementó un desorden que, en las ciudades, asume el temible rostro de la inseguridad y la impotencia oficial para hacer retroceder el crimen y la delincuencia. La Corte Suprema hizo lugar a la impugnación de incosntitucionalidad de las retenciones. El Defensor del Pueblo, ignorado por el Poder ejecutivo, promete acciones legales contra los funcionarios del gobierno que obviaron esa instancia, en la que el diálogo podría haberse canalizado.

Con las rutas bloqueadas por los camioneros y varias de ellas flanqueadas por los campesinos, el gobierno dio la orden de reprimir en Gualeguaychú. La réplica social fue masiva, obligó más tarde, responsablemente, a retroceder a la Gendarmería (que no pudo o no quiso enfrentarse con una pueblada) y lanzó a las calles y las rutas a centenares de miles de argentinos, en pueblos y ciudades. El oficialismo quiso responder con una contraconvocatoria, pero no encontró eco en el peronismo: movió a la plaza a unos cuantos funcionarios y a los grupos que organiza Luis D'Elía. Pero no expresó, oficialmente, ni una palabra sobre la espontánea respuesta que la Argentina interior le dio a la represión. Tampoco contestó al renovado llamado al diálogo que De Angeli, ya liberado, elevó desde Gualeguaychú, pidiendo a los suyos la continuidad en paz de la protesta.

La ilusión de doblegar al campo a los panzazos y la quimera de divorciar a la opinión pública rural de la opinión pública urbana por la vía de la manipulación propagandística se eclipsaron al promediar junio. El gobierno ingresa a la segunda mitad del mes con más frío social que el que lo rodeaba al ingresar. Hoy añoraría hacer realidad la vieja fórmula de Alsogaray: "Hay que pasar el invierno". Aunque sea, junio.