Un cuchillo sin hoja al que le falta el mango

 

Por una diferencia estrecha, el oficialismo consiguió finalmente media sanción de la Cámara de Diputados para el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 24 de junio o, más bien, para lo que quedó de él.
Al día siguiente del anuncio de la señora de Kirchner de que consultaría al Legislativo, el ministro de Justicia Aníbal Fernández, con su habitual clarividencia, tradujo los deseos del matrimonio presidencial: “Hay que aprobar a libro cerrado el texto que se envió”. Si se excluyen los dos primeros artículos del proyecto, el resto fue totalmente modificado en función de la necesidad del oficialismo de acercar socios y votos y, sobre todo, de evitar fugas de las propias filas. Así, el resto del proyecto original quedó como un cuchillo sin hoja al que le falta el mango. La ansiedad recaudatoria que había guiado inicialmente al gobierno y al redactor de la resolución 125 (el renunciado y alejado ministro de Economía Martín Lousteau) tuvo que contentarse con muchísimos menos recursos potenciales que los 1.500 millones de dólares que esperaban cosechar con las retenciones móviles. En sus intentos (no siempre exitosos) de seducción a diputados propios y ajenos, el kirchnerismo legislativo dejó jirones de aquella suma.
En cualquier caso, y aun si se admite que el tintineo de la caja es un sonido que subyuga al oficialismo, lo central para el matrimonio presidencial consistía en salvar del naufragio que le provocó su choque con el campo una imagen de victoria legislativa y los dos artículos primeros del proyecto, los que ratifican la resolución 125 y le reconocen al Ejecutivo su atribución para fijar esa suerte de impuesto excepcional a los ingresos brutos que son las retenciones.
Al aprobar (por menguada que haya sido la diferencia) ese capítulo del proyecto original, la Cámara de Diputados delegó una vez más a la Presidencia funciones específicas que le fija la Constitución, es decir se sometió voluntariamente a una amputación de facultades propias. Está por verse aún –sobre ese tema deberá pronunciarse tarde o temprano la Corte Suprema- si lo que votó la Cámara Baja es o no inconstitucional. El hecho de que el Congreso vote una norma –por la mayoría que sea- no convierte a esta automáticamente en constitucional. Si una mayoría legislativa decidiera próximamente, por ejemplo, designar rey a Néstor Kirchner o implantar la esclavitud en la Agentina, esas ocurrencias no pasarían el examen de constitucionalidad, serían nulas de toda nulidad, la Corte se expediría sobre el asunto con la celeridad necesaria y, además, probablemente la ilegalidad manifiesta determinaría reacciones políticas de distinta magnitud.
El gobierno, de todos modos, tiene motivos para suspirar aliviado por el momento, ya que consiguió preservarse de una derrota legislativa. Por primera vez en mucho tiempo el Congreso actuó más cerca de lo que la sociedad espera de él que de la escribanía presidencial en la que estuvo convertido durante cinco años. Hasta los diputados oficialistas parecían alegres de este volver a vivir, aunque omitían en sus discursos ante las cámaras de tevé que la fuerte asistencia y los debates enérgicos, las reuniones multitudinarias de las comisiones y las consultas a las partes interesadas que el país observó en los últimos días ocurrieron como resultado de una vastísima movilización del campo y de la Argentina interior que duró casi cuatro meses, que forzó al matrimonio presidencial a enviar al Congreso lo que pretendía decidir de entrecasa y que hasta impulsó a sectores del oficialismo a retobarse, a desobedecer o a elevar su cota de pensamiento crítico y realismo. Fueron el campo y la rebelión de la Argentina interior los que levantaron la cotización del Congreso y de los congresistas (sin excluir, por cierto, a los del oficialismo y sus aliados).

La prueba del ácido

Ese triunfo forzado y notoriamente pírrico que el kirchnerismo logró el sábado a la mañana tiene todavía que pasar por la prueba del ácido de la realidad. Si bien se mira, lo que el oficialismo saca de Diputados es la ratificación de la resolución que provocó el largo conflicto; puede objetarse que los montos de las retenciones han sido acotados por un mecanismo de compensaciones que achica sus efectos para los productores más pequeños. A eso hay que señalarle, sin embargo, que los productores desconfían de las compensaciones (“¿Para qué me sacás con el argumento de que me vas a devolver? No me saques”, ha objetado con elocuencia el entrerriano Alfredo De Angeli) y que estas compensaciones, según lo que aprobaron los diputados, rigen sólo hasta octubre, por cuatro meses. Es decir: en el mejor de los casos las retenciones se achican hasta octubre, pero esta ley le ha reconocido sine die al Poder Ejecutivo la atribución de fijar ese impuesto y los montos correspondientes. ¿Con qué confianza van a sembrar y producir los chacareros ante esa discrecionalidad atribuida a una autoridad que sólo cedió lo que cedió después de una verdadera gesta nacional de la Argentina interior? Muchos de ellos piensan que, en unos meses, una vez desmovilizado el campo, un Ejecutivo urgido financieramente por las dificultades de su política económica volverá a embestir contra él.
Por eso la inquietud sigue manifestándose en asambleas y a la vera de las rutas. La votación de la Cámara Baja no devela las dudas e inquietudes de los productores. Y por cierto no da ninguna respuesta aún a los reclamos de mejor distribución territorial de los recursos.

La naturaleza de la crisis

Lo que el país viene desplegando desde hace 120 días meses no es una crisis como otras, ni una mera pelea entre un sector y el Estado, ni un cortocircuito de carácter institucional. Esas y otras dimensiones están presentes, sí, pero lo que define la actual situación es su carácter de crisis política de fondo, la circunstancia de que un amplísimo y creciente número de argentinos siente que debe optar entre uno de dos espacios enfrentados.
Lo paradójico, a primera vista desconcertante, es que la crisis se desatara en el momento en que a la Argentina se le abre una perspectiva de abundancia. Se trata, en rigor, de una crisis que estalla porque una traba política obstruye el acceso del país a la oportunidad histórica excepcional de reinstalarse vigorosamente en el mundo a partir de sus capacidades productivas y su competitividad internacional en el terreno de los alimentos, convertido en un campo estratégico por la explosión de la demanda mundial (y por la sutentabilidad en el tiempo que se proyecta en esa demanda).
El obstáculo se interpone no ante una posibilidad genérica o azarosa, sino ante una oportunidad que ya se ha abierto. No se trata de que la Argentina tenga meras “condiciones naturales” para ese apovechamiento. Tiene tradición en la actividad y experiencia productiva, tiene un sector social protagonista de la producción que reúne a la vez espíritu emprendedor, creatividad, competitividad internacional e importancia económica. Los producción del complejo agroindustrial responde por las dos terceras partes de las exportaciones argentinas.
Ese fenómeno heterogéneo pero íntimamente conectado, que se expresa como “el campo” se manifiesta en todo el territorio nacional, ha expuesto su voluntad de actuar y de “remover el obstáculo” que impide la conexión con la oportunidad histórica. Y define como obstáculo una política –un gobierno- que no se limita a impedir pasivamente esa realización , sino que lo hace de modo activo: combate por distintos medios, sin excluir el uso de la presión y de la fuerza, a los sectores que encarnan esa oportunidad.
El instrumento de la obstrucción ha sido el sistema de las retenciones móviles impuesto por la resolución número 125, que el gobierno K sostiene pese a que hizo renunciar al ministro que la elucubró.

Menos equidad territorial que en el Proceso

Esa resolución y el régimen de retenciones que estableció son en verdad, una ilustración perfecta tanto del obstáculo que el oficialismo le impone a la producción agraria como de su agresión al federalismo fiscal. Sucede que las retenciones son recursos que el gobierno nacional recauda, pero excluye de la masa impositiva que debe coparticipar con las provincias. Así, afecta a los productores y a los distritos en los que ellos operan, aspirando de los bolsillos de unos y otros fortunas que terminan en las arcas del centralismo.
En el período 1973-75, durante el último gobierno de Juan Perón, continuado, tras la muerte del General, por su viuda, María Estela Martínez, la coparticipación automática de la recaudación total de impuestos nacionales a favor de las provincias superó el 50 por ciento (durante 1975 llegó al 52,4 por ciento).
Durante el Proceso militar, iniciado en 1976 con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, la cuota de impuestos coparticipados por las provincias cayó marcadamente, y en el último año de ese régimen fue del 32 por ciento.
La ley 23548, sancionada durante la presidencia de Raúl Alfonsín, decidió que el 57,66 por ciento de los recursos recaudados iría a las provincias y garantizó en su artículo 7 que las transferencias automáticas no serían inferiores al 34 de esos recursos. Hoy no sólo no se obedece a la Constitución reformada en 1994 que reclama una nueva ley de coparticipación federal: tampoco se cumple con la norma subsistente, pues el porcentaje de recursos recaudados por la Nación que se transfiere automáticamente a las provincias es el más bajo del último medio siglo: sólo el 27 por ciento. Sí, más bajo inclusive que el de los años de la dictadura.
Y ese reparto se sigue encogiendo en términos proporcionales. En mayo, por ejemplo, los recursos totales del sector público se incrementaron en un 30,5 por ciento. Las transferencias automáticas a las provincias, en cambio, sólo crecieron un 19,5 por ciento en promedio. Los promedios muchas veces opacan la realidad. En el caso de las transferencias a las provincias, ocultan que algunas (las que tienen gobernadores obedientes y disciplinados) son favorecidas con recursos que se niegan a los más díscolos. Mientras el Entre Ríos recibe 1600 millones para obras públicas y al Chaco de Jorge Capitanich se lo premia con 200, a Córdoba sólo se le giran 18 millones y medio, mientras su gobernador, Juan Schiaretti amenaza con recurrir a la Justicia para que le paguen cien veces esa suma: 1.600 millones de compromisos previsionales que el Estado Nacional había jurado que oblaría…antes del conflicto agrario. Por su lado, Catamarca, donde gobierna un radical que dejó de ser K, Eduardo Brizuela del Moral, recibió alrededor de $20 millones, pero reclama 100 de una deuda que el estado central le mezquina.
El Estado central, entretanto, recauda y gasta. En ese mismo mes de mayo, por caso, el gasto primario del gobierno nacional creció (por encima de la recaudación) un 40,1 por ciento. La mitad de ese aumento se destinó a “transferencias al sector privado”, dicho más llanamente: a subsidios, buena parte destinados a cubrir el notable déficit energético y la dispendiosa vía de resolverlo que eligió el gobierno, o al transporte. En lo que va del año –señala un minucioso informe del diario La Nación-, el aporte de los subsidios “al incremento de los gastos primarios ya supera la contribución de las prestaciones a la seguridad social, explicando, respectivamente, un 35 por ciento y 32 por ciento de la expansión total".

La lógica del “modelo”

El llamado “modelo K”, tiene una lógica transparente: succiona recursos de todos los distritos (principalmente de la Argentina interior) hacia la caja central y los emplea para condicionar y disciplinar gobiernos provinciales o municipales; confisca a los sectores más productivos y competitivos y con ellos distorsiona los precios y genera dependencia de sectores empresarios, que en lugar de obtener rentabilidad por la vía del mercado y la competencia, la consiguen como cortesanos y embolsando subsidios.
Un trabajo reciente ilustra la matriz parasitaria de ese modelo: “Actualmente, para la soja, con una retención del 46 por ciento y un valor para la tonelada de soja de u$s 550, el Gobierno recauda unos u$s 250 por tonelada de soja producida. Así, el productor que cosechó 40 quintales por hectárea, aporta al Estado 1000 dólares por hectárea (sí, mil dólares por hectárea) y el que sacó 12 quintales aporta 300 dólares por hectárea aunque perdió plata y lejos de tener una renta extraordinaria tuvo una pérdida. En los actuales niveles de retenciones no hay situación en la que el productor gane más que el Estado, que lo único que hizo fue dictar la Resolución 125.”
Si se agrega que esa recaudación huye de las provincias que generan la riqueza para aterrizar en la caja central, se comprende que el interior –sector público y sector privado- se rebele frente a una política que lo condena al languidecimiento precisamente en el momento en que el mundo ofrece una oportunidad excepcional.
La victoria numérica obtenida por el oficialismo en Diputados ha ratificado la Resolución 125 y, sobre todo, la presunta atribución del Ejecutivo para fijar retenciones a piacere. Ha vuelto a las andadas, aunque endulzara ese trago amargo para el campo con innumerables parches bajo la forma de reintegros…que sólo tienen vigencia hasta octubre. Y que, más allá de eso, no gozan de la confianza de los productores. ¿Solución para semejante crisis o, una vez más, un cuchillo sin hoja y sin mango?

5 de julio 2008. Publicado en La Capital de Mar del Plata