Paradojas de un triunfo

KIRCHNERISMO, PERONISMO Y OPINION PUBLICA



Con 8.156.000 sufragios recogidos en todo el país, la candidata oficialista Cristina de Kirchner obtuvo el respaldo de un 29 por ciento del padrón electoral: 2 de cada 7 inscriptos. Esos números le resultaron suficientes para sortear el ballotage porque la ley contabiliza los porcentajes no sobre el total del electorado, sino sobre los votos válidos positivos (es decir, excluidos los anulados y en blanco, que en estos comicios alcanzaron un 6 por ciento) y el ausentismo fue muy alto: sólo votó el 71,47 por ciento de los inscriptos.
Si bien se mira, la victoria obtenida por la primera dama es la coronación de un fracaso. El kirchnerismo, desde el inicio de su gestión, procuró transformarse en expresión de algo nuevo (primero bautizado tarnsversalidad, más tarde concertación), diferenciado del peronismo. Tanto el presidente como su esposa tomaron distancia de las tradiciones y la simbología peronista, y dedicaron a muchos de sus dirigentes palabras y señales de cuestionamiento y desprecio, resumidas en aquellas alusiones a Don Corleone que la primera dama dedicaba dos años atrás a su antiguo benefactor, Eduardo Duhalde, y al denigrado “aparato bonaerense”. Como parte de ese diseño oficialista debe contabilizarse la atmósfera de sospecha y condena con la que, en virtud de sus vínculos con todo el peronismo (sin excluir por cierto el peronismo noventista), se puso en cuarentena al vicepresidente Daniel Scioli, se lo aisló con una burbuja sofocante en la que éste sólo consiguió sobrevivir merced a su imbatible vitalismo.
Montado en el primer período de su administración sobre un fuerte apoyo de la opinión pública (cuyo núcleo decisivo son las clases medias y altas de las grandes ciudades), el kirchnerismo intentaba reconstruir desde arriba una suerte de neo-Alianza mientras, merced a ese respaldo y al manejo discrecional de una caja cuantiosamente nutrida por los ingresos de las exportaciones agrarias, mantenía disciplinado y anestesiado al movimiento justicialista.
¿Fue esa construcción transversal, concertadora y distanciada del peronismo tradicional lo que sostuvo el domingo 28 de octubre la performance electoral de la señora de Kirchner? En modo alguno. Si la candidata oficialista ganó sin necesidad de ballotage fue merced al respaldo de los núcleos duros del peronismo del conurbano (el aparato de los intendentes ex duhaldistas) y de buena parte de los gobernadores peronistas del noroeste. Algunos destellos de renovación interna en ese cuadro no alteran su sentido general. La señora superó su marca general en las comunas gran bonaerenses conducidas por exponentes de aquel “aparato” que supo condenar y en aquellas provincias en las que gobernadores peronistas (a veces hasta hostigados desde la Casa Rosada) aportaron su organización y su clientela. En la provincia de Buenos Aires, por cierto, fue esencial la contribución de Daniel Scioli, que traccionó votos en beneficio del logro sin segunda vuelta de la candidata presidencial.
Si por una parte el respaldo provino de aquello que el gobierno había atacado y lapidado, sucede como complemento que lo que en su tiempo fuera la plataforma desde la que el kirchnerismo pretendía construir su transversalidad –la opinión pública de las ciudades- confirmó el domingo 28 su divorcio del oficialismo, una tendencia que venía observándose desde fines de 2006, cuando el plebiscito misionero frustró las aspiraciones a la reelección perpetua del gobernador Rovira y forzó a Kirchner a tomar medidas de emergencia. Ese deslizamiento se vería consolidado con el triunfo de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, el ARI en Tierra del Fuego (con eje en Ushuaia) y el del socialismo en Rosario y Santa Fé. En estos comicios el kirchnerismo fue derrotado en todas las grandes ciudades. Las clases medias urbanas buscaron distintas herramientas para el mismo objetivo: la más empleada fue la boleta de Elisa Carrió: ella se quedó con la victoria en la ciudad de Buenos Aires (jugó esta vez el papel que Mauricio Macri había desempeñado en las elecciones locales), en Rosario, en La Plata, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, entre otros centros urbanos de importancia. Pero en Córdoba el instrumento elegido fue la boleta de Roberto Lavagna, que ganó la provincia y también la capital provincial, a caballo de un renaciente radicalismo y, sobre todo, del disgusto del peronismo cordobés con el kirchnerismo, expresado públicamente por el gobernador José Manuel De la Sota antes de los comicios.
El retroceso marcado del oficialismo en el mundo de las clases medias urbanas talvez se resuma en la performance porteña de Daniel Filmus, el candidato a senador kirchnerista, que el domingo 28 obtuvo menos votos y un porcentaje menor que en la primera vuelta de los comicios locales de cuatro meses atrás, cuando se postulaba a Jefe de Gobierno. Otro dato: en la provincia de Mendoza la señora de Kirchner, apoyada por el llamado “radicalismo K” gobernante y también por un sector del peronismo, superó el 60 por ciento. Pero en la ciudad capital de Mendoza, aquel porcentaje se derrumbó al 36 por ciento.
El notorio, sostenido en el tiempo y probablemente definitivo divorcio entre el kirchnerismo y las clases medias urbanas es un dato significativo. Sin el respaldo de estos sectores el oficialismo pierde un instrumento que le había resultado esencial para ordenar el peronismo. Lo pierde precisamente en el momento en que crece su dependencia del peronismo y cuando esa dependencia se vuelve muy notoria para los justicialistas. La señora de Kirchner probablemente se verá forzada a desandar su camino de diferenciación y la reorganización democrática del peronismo –y, obvio, la lucha por su conducción- se convertirá en un tema central de la agenda política. La construcción desplegada por los hermanos Rodríguez Saa, Carlos Menem y Ramón Puerta, más allá de los resultados electorales obtenidos, debe ser vista en esa perspectiva, lo mismo que los pronunciamientos públicos de De la Sota y los discretos movimientos de Juan Carlos Romero y Rubén Marín o los aprestos que se observan en sectores del movimiento obrero.
La doctora Elisa Carrió, que en su discurso de la madrugada del lunes 29 pareció despedirse de futuras candidaturas (aunque nunca se sabe), consiguió expresar en estos comicios a sectores heterogéneos de las clases medias, principalmente urbanos, pero también de comunidades rurales más pequeñas. De hecho, triunfó en tres secciones electorales bonaerenses. Procuró para la Coalición Cívica que encabezó una interesante plataforma legislativa y de influencias locales (municipios, legislaturas provinciales) que ahora habrá que ver si consigue sostenerse en el tiempo.
El oficialismo debe ahora digerir esta rara victoria que testimonia el fracaso de una opción política y prepararse para cargar con sus efectos, así como con las consecuencias de las políticas públicas aplicadas durante cuatro años, con tantas cuestiones ocultas bajo la alfombra. Es el precio del éxito.

Del desapego cívico al renacimiento de la política

(publicado en La Capital de Mar del Plata el 281007)
¿Asiste la Argentina a un espontáneo movimiento de rebelión cívica? La noticia de que miles de ciudadanos rechazaron la carga pública de ser autoridades de mesa en las elecciones presidenciales induce a pensar en algo más sanguíneo que la mera apatía o el desapego; una actitud de esa naturaleza, que afronta el riesgo de sanciones (aunque exista todo el derecho al escepticismo sobre la capacidad punitiva del Estado en estos casos) y que es compartida por tantas personas, hace pensar en una demostración social de decepción sobre la naturaleza del comicio en trámite y una prueba sintomática de desconfianza en el sistema institucional de autoridad. Si se quiere, parecería un coletazo tardío del “que se vayan todos” que se extendió en la crisis del año 2001.
Si efectivamente este amplio movimiento de rechazo a la carga pública es la espuma de una ola mayor que estaría discurriendo por debajo, habría que prever que el fenómeno se manifieste en la elección del domingo 28 bajo diversas formas, desde el ausentismo hasta el voto negativo.
Si, como hacen los detectives de la novela negra, se preguntase a quién beneficia electoralmente una tendencia de esa naturaleza, la respuesta sería sencilla y rápida: a la candidata del gobierno, a la señora de Kirchner. ¿Por qué? Porque, como a los efectos de aplicar las normas sobre ballotage lo que se toma en cuenta son porcentajes de votos positivos emitidos, un candidato incrementa su porcentaje no sólo por cada nuevo voto que recibe, sino por cada persona que no concurre a votar o por cada una que lo hace en blanco o que anula el sufragio.
Y este dato es muy importante para la esposa del presidente, porque –habida cuenta de la atomización de los opositores- lo que ella necesita para evitarse una segunda vuelta es superar el 40 por ciento de los votos positivos emitidos (así eso represente el 30 por ciento del padrón).
Justamente porque la señora de Kirchner aparece como principal beneficiaria potencial de la ola de apatía, desapego y desinterés electoral muchas mentes suspicaces han creído que esos sentimientos no son obra de la casualidad, sino que han sido meticulosamente promovidos por el oficialismo. Citan como aval de esas hipótesis conspirativas un hecho indiscutible: el gobierno dedicó muchos meses a imponer en el ánimo público la idea de que el oficialismo tenía asegurada la victoria y que la reelección del kirchnerismo por interpósita cónyuge ya estaba dictaminada por el Destino.
Aunque ése, efectivamente, haya sido el comportamiento del gobierno, no basta con tal dato para establecerlo como causa única o principal del desinterés electoral o el rechazo a las cargas públicas.
Sobre este último punto, otras hipótesis conspirativas imaginan que, en rigor, no habría habido tal rechazo, sino que muchísimas de las personas sorteadas para presidir mesas comiciales nunca recibieron las citaciones, por ineficiencia o designio del Correo Argentino, encargado de los envíos. Estas conjeturas abundan en evocaciones sobre el dudoso papel jugado por esta empresa reestatizada en la crisis electoral cordobesa y sobre las acusaciones de complicidad en maniobras de fraude que lanzó entonces contra ella el candidato independiente Luis Juez.
Como se ve, unas sospechas se apoyan en otras, y algunas contradicen a otras. Lo significativo quizás sea que la atmósfera de indiferencia y los síntomas de rebeldía aparezcan acompañados por la sospecha.
La oposición, que no se caracterizó por su propensión asociativa en este proceso, coincidió sí en establecer una red de cooperación para preservarse colectivamente de eventuales maniobras del oficialismo. La sospecha, una vez más, aparece como motor de comportamientos políticos.
En cualquier caso, hay apenas unas horas de distancia hasta que las urnas ofrezcan su resultado. Después de ese trámite se inicia un nuevo capítulo.
Si se confirmaran las encuestas publicadas (que casi unánimemente le adjudican el triunfo sin necesidad de ballotage a la primera dama), ese capítulo es, si se quiere, el inicio de una secuela: los mismos personajes, con leves cambios de roles, continúan tratando de hacer lo mismo, sólo que probablemente en circunstancias nuevas.
¿Dónde está la novedad? En varios campos. El gobierno del doctor Kirchner se benefició con una situación internacional excepcional que podría estar cambiando un poco a partir de la llamada crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Pero, más allá de ese importantísimo factor, en el plano interno fue premiado por una doble circunstancia: de un lado, tomaba un país que, a raíz de la crisis legada por el gobierno de la Alianza, producía muchísimo menos de lo que posibilitaba su capacidad instalada fortalecida con las grandes inversiones de la década del 90; además, sus logros se comparaban con uno de los momentos más bajos de las series productivas y distributivas. El rebote económica lucía más y mejor en esas circunstancias.
Quien suceda a Kirchner se debe hacer cargo del hecho de que la inversión durante los años de este gobierno fue baja y de calidad irregular (muy impregnada por el peso estadístico de la construcción y los teléfonos celulares) y de que las empresas están trabajando al límite de la capacidad instalada. En cuanto a la inversión extranjera, el retroceso es dramático.
Otros hechos: la inflación es un dato de la realidad, por más que la señora de Kirchner prefiera creerle a las cifras dibujadas del INDEC. Las pujas distributivas se acentuarán y en ese paisaje habrá que hacerse cargo de temas que Kirchner barrió bajo la alfombra durante todo su período, como la actualización de las tarifas.
En el plano político, el gobierno de Kirchner concluye con dos datos que deberían preocuparlo tanto como a su señora esposa: parece consumado el divorcio del kirchnerismo con las clases medias de las grandes ciudades, una tendencia que empezó a revelarse un año atrás en el plebiscito misionero y que se manifestó luego en la Capital Federal, en Rosario, en Santa Fé…
Fue en esa clase media donde Kirchner encontró apoyo durante sus primeros años de gestión y fueron las encuestas que mostraban ese respaldo el instrumento que Kirchner empleó para disciplinar al peronismo. Ahora, mientras se evapora el respaldo de opinión pública, empieza a desperezarse el peronismo. Más allá de los votos que recaude la candidatura de Alberto Rodríguez Saa el 28 de octubre, ya se observa la tendencia a actuar críticamente de hombres como José Manuel De la Sota (que no esperó a los comicios presidenciales para cuestionar) y otros gobernadores salientes que se preparan para reconstruir el justicialismo, el más numeroso de los partidos políticos argentinos, pero sólo uno más de los que la crisis y algunas acciones deliberadas han maniatado e inmovilizado en momentos en que el país más los necesita vivos y sensibles para reconstruir la política, las instituciones y los vínculos con un mundo que cada vez nos ve más lejos.
Habrá que ver si el desapego y la rebeldía cívica son el epílogo de una dercadencia o el preámbulo de un renacimiento.

“No es una casualidad”

Casi exactamente un año después, Néstor Kirchner volvió a emplear la misma frase: “No es una casualidad”. En 2006 la usó para argumentar acerca de los incidentes y tiroteos ocurridos en San Vicente, en un homenaje funerario a Juan Perón. Ahora lo hizo para comentar la carnicería ocurrida el viernes 19 de octubre en una zona campestre cercana La Plata, en un local técnico de la Policía bonaerense, que concluyó con el asesinato brutal de tres jóvenes funcionarios de la institución.
“No fue casual”, dijo Kirchner. Ciertamente no lo fue, aunque el Presidente prefirió atribuir el hecho a alguna maniobra conspirativa contra su gobierno o a represalias por “la política que llevamos adelante en materia de derechos humanos”. Intentó así sacar algún rédito de la masacre precisamente en momentos en que Daniel Scioli, el candidato oficialista a la gobernación bonaerense, sostenía que “no hay espacio para aprovechamientos políticos sobre la sangre de tres servidores públicos”.
Un año atrás, los enfrentamientos y desbordes se produjeron en un acto en el que el gobierno decidió no emplear los recursos institucionales de orden y seguridad.
Si bien puede discutirse sobre las causas de la masacre del viernes 19 –las autoridades sólo manejan conjeturas por el momento- lo que parece indudable es que ella se inscribe en el dramático cuadro de inseguridad que la opinión pública ha colocado al tope de sus inquietudes y que los funcionarios nacionales y provinciales han insistido en traducir como mera “sensación térmica” de la sociedad, como una impresión que no se corresponde con la realidad. Recuérdense las abundantes declaraciones en ese sentido del ministro de seguridad de Kirchner, Aníbal Fernández, y de su colega de La Plata, León Arslanián. Para los habitantes de la Capital Federal y los de la provincia de Buenos Aires esa “sensación” es la realidad con la que se convive cotidianamente y los secuestros, las violaciones, los robos y los asesinatos no son alucinaciones, sino hechos. Y hechos que se producen por la ineficacia o por la renuencia ideológica del oficialismo a tomar medidas. La sociedad espera de los gobernantes que repriman el delito para no tener que soportar el creciente control del espacio público por parte de la delincuencia, para que no sean los ciudadanos los que deban vivir detrás de rejas.
¿Hay un programa del oficialismo sobre este punto, que encabeza la agenda de las preocupaciones públicas? No lo hay. Y esto debe interpretarse como la decisión implícita de mantener la actual ausencia de política…que es una política.
Los hospitales dan cuenta del incremento permanente y acelerado de los casos graves de intoxicación con drogas de adolescentes y jóvenes; en dos semanas se repitieron casos fatales por uso de las llamadas drogas de diseño y constantemente –aunque con menos difusión- se registran hechos semejantes determinados por el uso de paco. En un caso el consumo afecta a jóvenes de clase media y alta; el paco se emplea en ambientes más pobres. Se vende en locales bailables, en las proximidades de las escuelas, en los barrios: una red cada vez más densa va envolviendo al país y no hace falta imaginación para prever cómo se desarrollan estos fenómenos: alcanza con mirar lo que sucede en ciudades que ya pasaron por esta etapa: Río de Janeiro, San Pablo, Lima, Cali, Bogotá…Lo que no se vé aquí es la acción de las autoridades para desbaratar ese negocio criminal que golpea principalmente a los jóvenes y que horada las familias y las comunidades.
Las guerras de bandas ya han empezado a desarrollar en barriadas porteñas y granbonaerenses. En Río y San Pablo, el Comando Vermelho y el llamado Primer Comando de la Capital han mostrado su capacidad de copar fragmentos de las ciudades, lanzan ataques simultáneos contra comisarías y fuerzas de seguridad, queman medios de transporte y muestran asiduamente su poder, obligan a las autoridades a negociar con ellos e imponen su ley en muchas zonas. Las guerras de bandas son frecuentes y a menudo concluyen en pactos federativos destinados a coordinar acciones de hostigamiento a las fuerzas legales. El presidente Lula Da Silva no dudó en convocar a las fuerzas armadas para dar batallas contra la delincuencia organizada y reprimirla. Aquí lo que prevalece en el gobierno es, para decirlo con las precisas palabras de Joaquín Morales Solá en La Nación, “el temor a aparecer excesivamente represor del delito ante sectores políticos que lo rodean”.
En esas condiciones en materia de seguridad el país transita las vísperas de la elección.
El gobierno experimentó hasta el sábado 20 al mediodía un suspenso que contribuyó a generar pero que hubieraa no sufrir. Fue por la intervención de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en el ríspido asunto de la aprobación de candidaturas impugnadas por incumplimiento de la Constitución provincial. La que estaba sobre el tapete era la del candidato a gobernador de la alianza macrista, Francisco de Narváez, pero en gateras se encontraba la de Daniel Scioli. En el caso del primero, lo que se cuestionó es que el postulante no cumpliera con la condición constitucional de ser “argentino nativo”. De Narváez nació en Colombia. La candidatura de Scioli ha sido impugnada por otro aparente incumplimiento constitucional: al no ser nativo de la provincia, se le reclaman cinco años de residencia en el distrito con ejercicio de los deberes ciudadanos, algo que Sioli no estaría en condiciones de exhibir.
El tema había sido fallado con la aprobación de las candidaturas por parte de la Cámara Electoral, pero se apeló a la Corte por tratarse de un intríngulis de carácter constitucional, que sólo puede resolver el tribunal superior. Que la Corte decidiera declararse competente a días apenas de la fecha electoral es lo que puso nervioso al oficialismo. “Si los supremos se compraron el pleito a esta altura será porque tienen algo diferente que decir”, decía a esas horas, expresando sus temores, voceros kirchneristas. El gobierno hizo algo desacostumbrado: salió a defender el derecho de De Narváez, un opositor, a ser candidato. “Esto no lo resuelven los jueces, sino los ciudadanos en las urnas”, argumentó el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Por su parte, la señora de Kirchner sostuvo: “Tiene derecho como cualquier argentino de presentarse como candidato a gobernador”. La Justicia no ha aclarado aún las denuncias de que la señora no se recibió efectivamente de abogada en La Plata en la década del 70, pero afirmaciones como esta tienden a darle argumentos a los que piensan que no lo hizo, porque lo cierto es que “cualquier argentino” no puede candidatearse a gobernador de la provincia: se requiere cumplir con varios requisitos constitucionales. Debería ser mayor de edad, argentino nativo, nacido en la provincia o con los años de residencia que la ley exige. Luis Barrionuevo, por caso, al no cumplir esos requisitos, no pudo en su momento ser candidato a gobernador de Catamarca, provincia por la que ya era senador nacional.
La reivindicación de la postulación de Francisco De Narváez por parte de la Casa Rosada y de la primera dama era, obviamente, interesada y preventiva. Lo que Kirchner y señora temían es que se cayera la candidatura de Daniel Scioli, que es la locomotora que tira del tren electoral oficialista en una provincia que representa el 38 por ciento del voto nacional. Curioso bumerán: en esta columna se apuntó, en julio y en agosto, que había kirchneristas interesados en bloquear la candidatura bonaerense del motonauta para impulsarlo a compartir fórmula con la esposa del Presidente: alertados por los encuestadores amigos, querían evitar la comparación de cifras después del escrutinio, porque los estudios previos señalan que Scioli está sacando en el distrito un diez por ciento más de sufragios que la señora. Sin embargo, en vísperas de las urnas, se ha cumplido aquello de que “la necesidad tiene cara de hereje”, y esos mismos sectores se mostraron dispuestos a admitir a Scioli de cualquier forma.
El alivio llegó el sábado, cuando l Corte resolvió –rápdamente- a favor de De Narváez. Porque el mayor temor de los estrategas de la Casa Rosada residía menos en que la candidatura de Scioli fuera bochada por la Corte que en la posibilidad de que el alto tribunal demorase su decisión sobre las candidaturas y dispusiera posponer por unas semanas la elección provincial, divorciándola en el tiempo de los comicios nacionales. En tal caso, la señora de Kirchner se habría visto obligada a zapatear en patas y afrontar las urnas sin la ayuda traccionadora del actual vicepresidente. Fue para evitar semejante riesgo que el kirchnerismo movió todos sus recursos e influencias.
Recursos no le faltan. El frente oficialista ha declarado que gastará 15 millones de pesos en su campaña. Pero, claro, allí no están contabilizados los medios que el gobierno pone a disposición de su candidata, desde los viajes al exterior hasta el uso de helicópteros, palcos y aparato de medios oficiales. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, la colaboración de Diego Maradona? El crack tiene compromisos de distinta índole con dos capitales amigas del kirchnerismo, La Habana y Caracas, y los cumple como un profesional. Así, El 10 salió a pedir el voto para Cristina Kirchner. Pero como se trata de Maradona –esto es: un tipo con antenas ultrasensibles para captar el sentimiento popular- respaldó a la primera dama con una frase que a ella probablemente no le cayó bien: “Vótenla… aunque no la quieran”. Maradona es amigo de sus amigos, pero no quiere ser enemigo de la verdad.

Los indecisos empatan con la Señora de Kirchner

Los estudios demoscópicos sobre la elección presidencial difundidos a fines de septiembre registraban un importante número de indecisos, ciudadanos que no han definido aún su voto o que deciden no confesárselo a los encuestadores. En aquella ocasión –una quincena atrás- se hablaba de alrededor de un 23 por ciento. El 12 de octubre un prestigioso analista confesaba a esta columna que el número actual de indecisos no se ha reducido, sino todo lo contrario: “Ahora representan un 32 por ciento. Y el doble entre los jóvenes que votan por primera vez”.
Comprometido por un contrato de exclusividad, el experto evitó introducirse en otras cifras, aunque admitió que el incremento de los indecisos se refleja en el retroceso de las marcas previas de algunos candidatos, principalmente la postulante oficialista, Cristina Kirchner. “Los indecisos casi empatan con la candidata del gobierno”.
Es quizás esa información la que impulsa la nerviosa conducta del gobierno y su frenética pulsión repartidora, tendiente a ofrecer beneficios económicos preelectorales a Troche y Moche. Pese a que el oficialismo difunde la idea de que la elección ya está decidida y sugiere que la primera dama tiene una ventaja que le garantiza la victoria en primera vuelta, su nervioso comportamiento contradice esas seguridades.
Por cierto, si uno de cada tres votantes no tiene aún definida su preferencia, sólo un rapto de arrogancia o alguna presunta astucia propagandística podría sostener que la elección está ya decidida.
Hablar desde hipotéticas alturas y amplísimas (aunque conjeturales) ventajas le sirve al oficialismo como coartada. La señora de Kirchner no responde a entrevistas de la prensa ni discute por TV con sus competidores. Su dudoso lema es: “el que va ganando no debate”. Pocos políticos comparten esa consigna en el mundo occidental, si es que alguno lo hace. El compañero de fórmula de la candidata de la Casa Rosada –el radical K y gobernador de Mendoza Julio Cleto Cobos- había prometido participar en un debate de candidatos a vicepresidente, pero fue conminado por la Señora a faltar a su palabra. Lógico: si Cobos debatía, las ausencias de la esposa de Kirchner se hubieran revelado sin apelación alguna como una fuga defensiva, antes que como la soberbia actitud de un triunfador que devalúa a sus adversarios. Cobos demostró gran velocidad para responder a las consignas de su poderosa cabeza de binomio, lo cual lo dibuja con nitidez ante el electorado.
La Señora, entretanto, si quiere reanimar al electorado perplejo que parece estar retrocediendo hacia la indefinición, haría bien en describir con claridad sus propias ideas sobre temas centrales. La primera dama, más allá de discursos generales, no ofrece claridad sobre su programa. Ha dejado de lado las primeras ideas sobre “cambio” y parece inclinarse por la idea de continuismo.
Por ejemplo, el programa económico que alcanza a deducirse de sus escasas, imprecisas definiciones públicas es la reincidencia en el llamado “modelo productivo”, instaurado a partir de la devaluación de principios de 2002. Ese modelo ha consistido en el castigo al trabajo y a los sectores competitivos, la concentración de tributos y atribuciones en el Estado Nacional en detrimento de provincias y municipios (con la correlativa dependencia de estos de los aportes discrecionales de la caja central) y el subsidio a los sectores de productividad más rezagada.
A través de ese “modelo” el gobierno nacional ha dispuesto de recursos por miles de millones de dólares con los que ha beneficiado a empresarios privados (como los del transporte y la construcción o productores de espectáculos) y ha financiado obra pública sospechosamente sobrevaluada (según el gobernador de San Luis, en afirmación reiterada y nunca desmentida, la Nación paga varias veces más que su provincia por cada kilómetro de autopista; Roberto Lavagna fue cesanteado por Néstor Kirchner en el momento en que denunció en público las sobrevaluaciones).
Más allá de la intrínseca inequidad de ese llamado “modelo”, y de las ventanas de oportunidad de corrupción que abre (las preveía el viejo refrán sobre “el que parte y reparte…”), la pregunta que conviene hacerse es si será posible sostener una política fiscal dispendiosa en las condiciones en que asumirá el próximo gobierno, y cuando ya resultan inocultables sus consecuencias inflacionarias y hostiles a la inversión.
La posibilidad de succionar recursos a los sectores exportadores competitivos a través de las retenciones, que en el origen fue justificada por los elevados beneficios cambiarios emanados de la devaluación (política de dólar alto sostenida luego artificialmente desde el Banco Central), se va diluyendo cuando la inflación que el gobierno no sólo es impotente para contener, sino que alimenta con sus decisiones, erosiona decisivamente aquella diferencia cambiaria.
Por otra parte, el recurso favorito de este gobierno, el subsidio, tiene el efecto de distorsionar los precios relativos y la asignación de los recursos, promoviendo actividades escasamente sustentables, atrayendo a ellas las inversiones y ahuyentándolos de las competitivas.
Cuando el beneficiado es el consumo –un mecanismo que el gobierno ha empleado siempre, y muy especialmente en estas vísperas electorales- el resultado es un estímulo a la demanda y un agravamiento de la escasez: véase el caso de la energía.
Subsidios y regulación bajo la sombrilla de un “pacto social” a la Gelbard parecen instrumentos escasos y maltrechos para encarar la turbulenta etapa que se abre tras cuatro años de Kirchner. Ni las empresas, ni los inversores ni los sindicatos, ni los trabajadores parecen excesivamente dispuestos a dejarse contener en ese molde.
Mientras se acerca la cita con el cuarto oscuro vale la pena pensar en estos asuntos, una vía parallegar a las urnas con más decisión que indecisión.

Ofensiva del chavismo mediático

El siguiente artículo, escrito por Andrés Gauffin, fue publicado por la interesantísima página salteña www.iruya.com el domingo 7 de octubre de 2007.

Las carreras de Comunicaciones Sociales de la Argentina ya no deberían preparar periodistas que investiguen e informen sobre el poder político, sino comunicadores cuya principal objetivo sería hacerles una guerra a los medios de comunicación. Deberían formar profesionales a los que no interese criticar al gobierno cuando miente con los índices de inflación, sino escarchar a cualquier medio que se le ocurra dudar de las “perfectas” cifras del Indek.
Durante los tres días de la Bienal de Comunicaciones realizada en Córdoba hasta el 28 de septiembre pasado, decenas de conferencistas, panelistas, profesores y estudiantes reflexionaron sobre “Movimientos sociales y medios en la consolidación de las democracias” – esa era su temática- en un clima de ideas casi unánime que expresó espectacularmente José Ignacio Ramonet en su conferencia de cierre.
En el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba y aclamado por centenares de estudiantes, profesores y comunicadores, el autor de “La tiranía de la comunicación” concluyó el Congreso con su conocida propuesta de creación de observatorios de medios, una forma de contrarrestar ya no el “cuarto poder”, tal cual se describió alguna vez a la prensa, sino el “segundo poder”, tal como Ramonet prefiere caracterizar a los medios.
Si el objetivo de la VI Bienal Iberoamericana de Comunicación era reflexionar sobre el ambiguo tema de los “movimientos sociales y medios en la consolidación de las democracias”, la mayoría de los participantes –Ramonet incluido- llegaron a Córdoba con la conclusión de que los medios no sólo son el principal obstáculo para la consolidación de las democracias en América latina, sino que ejercen una verdadera tiranía sobre los habitantes de esta parte del hemisferio sur.
De allí el llamado explícito de Ramonet para librarles una guerra, en una conferencia en que no ahorró términos bélicos para hacerlo.
Si en su momento la Iglesia Católica había funcionado como soporte ideológico de la conquista de América, reflexionó allí el director de Le Monde Diplomatique, ahora los medios hacen de aparato ideológico de la globalización financiera: la prueba, aseguró, está en las guerras que libran los medios contra las democracias de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Así, la Bienal cordobesa empalmó de lleno con el mensaje que había dado Hugo Chávez en Uruguay, cuando en los medios argentinos aparecían las noticias del ingreso del venezolano Antonini Wilson –vinculado a PDVSA- con una valija repleta de dólares. “El principal problema de América latina son los medios” dijo entonces el comandante, mientras se negaba a dar alguna respuesta a la pregunta de los periodistas.
Mundo paradójico, en la universidad cordobesa se demonizó a los medios –de un modo monocorde, rutinario y ritual- en estrados prolijamente adornados por carteles que anunciaban la esponzorización del Congreso por radio Mitre, de Córdoba, y por Telecom, con su conocido logo que anuncia la aurora de la globalización. Y en entrevistas que se difundían en un diario de la Bienal editado “gracias al aporte de La Voz del Interior”.
Dada la ausencia de una mínima definición del término “medio”, en un Congreso que paradójicamente se había propuesto reflexionar sobre esa realidad, en su crítica generalizada cayeron desde la CNN hasta una radio de pueblo, pasando obviamente por el diario cordobés o la multinacional francesa, o un ignoto sitio de información.
Era lógico entonces que, en simultáneo planearan durante Bienal imágenes implícitas y explícitas de la figura del periodista, la más fuerte tal vez aquella que –en base a la comparación con la conquista de América- le convirtió en una especie de agente ideológico de la globalización, un neo sacerdote que abre paso a la dominación ya no de la España Imperial, sino del poder financiero internacional sobre América latina.
Tal vez haya sido esa la razón de fondo por la que ni el autor de “24 horas con Fidel” ni los organizadores del Congreso hayan mencionado una vez a los periodistas encarcelados en Cuba por querer expresar públicamente sus opiniones. Se trataría, usando la terminología de la filósofa Isabel Rauber –docente de la Universidad de La Habana que también formó parte de un panel-, sólo de agentes de la dominación cultural que facilitan la dominación económica.
Por el contrario, se incluyó entre los panelistas a Pedro de la Hoz, periodista de Granma, quien se quejó de que los medios impongan la agenda de noticias, aunque obviamente no opinó que sea el caso del órgano oficial del Partido Comunista cubano.
De todos modos, los organizadores incluyeron a un periodista de la vieja usanza entre los panelistas. El cordobés Jorge Martínez tomó la vieja actitud periodística de criticar el poder político y de requerirle información. “Ningún funcionario da conferencias de prensa”, dijo y casi de inmediato fue corregido por Mario Wainfeld. Lo grave, dijo el periodista de Página 12, no es que un presidente como Kirchner no de conferencias de prensa, sino que les haya renovado las licencias de los canales de televisión.
Volvían así a ponerse las cosas en su lugar: el Congreso no se había hecho para formar e incentivar a los periodistas a criticar el poder político, sino para animar a futuros comunicadores a demonizar a los medios.
De esta manera, la reconversión del periodista propuesta en la Bienal cordobesa estaría ejemplificada en la parábola hecha por el colega de Wainfeld, Horacio Verbitsky: de periodista que investigaba lo que hacía el poder político en la década del 90, a un denunciador, del 2003 en adelante, de las “operaciones de los medios” cada vez que estos coinciden a criticar algún aspecto de la gestión del gobierno.
Un buen comunicador, de acuerdo al manual de la Bienal, no debería por ejemplo siquiera pensar porqué si el kilo de tomate llegó a los 12 pesos y el de la papa a ya 4, el Indek dice que la inflación mensual es menor al 1%. Por el contrario, debería dedicarse a criticar a los medios que tienen la pretensión de poner en duda los índices oficiales porque en realidad estarían sólo oficiando como agentes encubiertos del poder financiero internacional.
Tal la extraña lucidez que han visto los comunicadores de la Universidad cordobesa en Ramonet, al que otorgaron el título de doctor honoris causa.
Si el Congreso se había abierto con un llamado de Eric Calcagno a revalorizar la política, con el correr de las horas de la Bienal parecía quedar en claro que los comunicadores no debían ya siquiera mirar el poder político. Si el embajador de Francia denunciaba los totems y los tabúes de los 90, enseguida la Bienal hacía converger en una palabra que nunca definió –medios- todos los males de América latina.
Total y desembozadamente armónico con los intereses del gobierno de Chávez, el paradigma de Ramonet no tiende tanto a levantar un contrapoder contra la globalización, como concentrar aún más el poder político del presidente venezolano, descalificando cualquier medio –no sólo televisivo, sino también radial, escrito, digital- que tenga la osadía de hacer crítica desde una posición autónoma del poder oficial.
Siguiendo sus visiones –tanto más atrayentes cuanto más simplistas- en Salta los comunicadores deberían poner en la misma bolsa a El Tribuno, Canal 11, FM Noticias, Saltalibre.net e Iruya.com. y criticarlos como si fueran agentes de la globalización, pero de ninguna manera dedicarse a investigar y a criticar lo que hace el poder público. Gustoso, el gobernador Juan Carlos Romero o su sucesor nombrarían a Ramonet secretario de Prensa de la Provincia y hasta le otorgarían un premio.
En la misma línea de la Bienal que parecía haber sido puesta por el propio Chávez, el debate sobre medios y derechos humanos pareció convertir a los miles de secuestrados, torturados y asesinados de la dictadura, más en víctimas de los medios de comunicación de entonces que de un Estado terrorista que sometió también al periodismo.
Matices de la memoria, subrayar que los miles de desaparecidos fueron víctimas de un Estado terrorista no hubiera sido del todo cómodo para unos panelistas y conferencistas que –como el mismo Ramonet- utilizaron la Bienal para llamar al Estado –presentado eso sí como benévolo por sí mismo- a regular la actividad periodística.
Dispuestos a mirar el pasado con el exclusivo propósito de justificar proyectos políticos del presente bolivariano, cualquier participante del Congreso pudo concluir que si la libertad de expresión fue conculcada en los 70, fue por culpa de los medios y no de un Estado que se había apropiado de todos los poderes.
Con este pasado “ad-hoc” de trasfondo, Wainfeld pudo convocar a un papel más activo del Estado en la regulación de los medios sin precisar demasiado qué alcance podía tener su propuesta. Norma Morandini tal vez fue más explícita. En el mismo panel en que Aram Aharonián –director del canal Telesur creado por Chávez- justificaba la no renovación de la licencia de RCTVE, la periodista cordobesa dijo que los “medios son una concesión del Estado”. ¿Estaría diciendo que un diario, por ejemplo, o un sitio de información en la red también son concesiones del Estado? ¿Y que antes de opinar uno tendría que obtener un permiso de algún funcionario nacional?
Por supuesto que Wainfeld, Morandini, Aharonián, o el mismo Ramonet, piensan que sólo un Estado democrático puede regular la actividad de los medios, pero evitan tratar con un mínimo de espíritu crítico el poder estatal que están justificando o convocando. Hipercrítico con los medios e inocentemente crédulos con presidentes como Chávez: este fue el paradigma consagrado como una apoteosis, en el pabellón de la universdad cordobesa.
Lejos, muy lejos, quedó el pensamiento de un pensador como Alexis de Tocqueville que advertía, en el siglo XIX, que si se quiere respetar la soberanía del pueblo es necesario reconocerle la capacidad de escoger entre diferentes opiniones, por lo que el voto universal y la libertad de prensa son enteramente correlativas.
Y que advertía que los estados democráticos podían llevar a los hombres hacia la independencia o hacia la esclavitud. En esta última caso, a través de un camino largo y secreto, por el que se eleva un poder inmenso y tutelar, “absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno” que trabaja en la felicidad de los ciudadanos, pero que pretende ser el único agente y árbitro de ella. Que provee a su seguridad y a sus necesidades y “se lamenta de no poder evitarles el trabajo de pensar y la pena de vivir”.
Contra esa construcción silenciosa pero avasalladora de la omnipotencia de un poder, Tocqueville no veía institución más adecuada que la prensa libre.
“Para garantizar la independencia personal de los hombres, no confío en las grandes asambleas políticas, en las prerrogativas parlamentarias, ni en que se proclame la soberanía del pueblo. Todas estas cosas se concilian hasta cierto punto con la servidumbre individual, mas esta esclavitud no puede ser completa, si la prensa es libre. La prensa es, por excelencia, el instrumento democrático de la libertad”.

Elecciones, indiferencia, crisis

¿Alguien siente el clima electoral?
Por el momento, a tres domingos de la cita con las urnas, los argentinos no parecen atraídos en demasía por el deber cívico. Quizás contribuya a ese desinterés la circunstancia de que no se intuye, al menos en esta instancia de octubre, un enfrentamiento de fuerzas simétricas, una polarización.
En una entrevista que publicó hace pocos días La Nación, la politóloga belga Chantal Mouffe adviertió sobre la ausencia de debate político, sobre la necesidad de que la política encarne pasiones e identidades fuertes: “Hay que reconocer que existe una dimensión antagónica en la sociedad”, señaló la analista y sugierió la necesidad de “crear las instituciones y las prácticas que la encaucen”.
La anodina y desigual campaña en marcha – cuantiosos recursos concentrados en un polo, fuerzas dispersas y débiles del otro; ausencia de ideas vigorosas y de voluntad polémica en todas partes- determina la indiferencia generalizada que se puede registrar, al menos hasta estos días, en relación con los comicios.
En cualquier caso, conviene recordar que no hay una, sino dos competencias en marcha: una, con primera fecha de cierre dentro de tres semanas.
Es esa puja electoral en la que –aseguran las encuestas- el resultado será un tranquilo triunfo oficialista que hará innecesario el procedimiento del ballotage.
No obstante, para ubicar las cosas en su sitio tampoco debe olvidarse que esas encuestas están facturadas –salvo alguna excepción – por las mismas empresas de opinión pública que habían profetizado victorias holgadas del oficialismo radical en Chaco (donde finalmente triunfó una gran coalición centrada en el peronismo y liderada por Jorge Milton Capitanich); también habían asegurado al gobernador santafesino Jorge Obeid que Rafael Bielsa llegaría a un virtual empate en Santa Fé, aunque lo que éste obtuvo fue una derrota que lo obligó a un nuevo mea culpa. Las encuestas también adivinaron mal en Córdoba: allí daban por garantizada una amplia ventaja de Juan Schiaretti sobre Luis Juez y al día de hoy no está resuelto el intríngulis del conteo de votos para dirimir lo que resultó un dramático empate entre ambos. Un poco más atrás aún, las encuestas habían augurado el triunfo de Carlos Rovira y su propuesta de reelección perpetua en la provincia de Misiones. Pero Rovira perdió por mucho y ese proyecto no sólo concluyó en fracaso sino que determinó el fin de otras ilusiones reeleccionistas y cambios fuertes en el diseño electoral que preparaba el gobierno.
En fin: las encuestas no son palabra santa.
Los propios gurúes demoscópicos admiten que la opinión pública muchas veces engaña a los encuestadotes y otras tantas se encuentra en tal estado de volatilidad, que es demasiado vidrioso aventurar sus movimientos.
De hecho, las últimas encuestas divulgadas registran la indefinición explícita de una cuarta parte del electorado, un segmento tan amplio que puede convertir su perplejidad actual en un arbitraje que determine si hay o no segunda vuelta y quiénes participan en ella. Así, pues, la competencia electoral -Oficialismo vs. Opositores-, en los aprontes aparece deslizándose en beneficio del gobierno...aunque los aprontes están muy cuestionados.
Pero hay –decíamos- una segunda competencia, en la que el oficialismo se enfrenta con la realidad, un plano en el que este gobierno y el que lo suceda deberán afrontar retos que son sumamente exigentes.
Contabilicemos algunos.
• La Argentina está aislada en un mundo en el que el crecimiento aparece vinculado a la asociatividad política y la integración económica mundial. Las oportunidades fotográficas que el oficialismo se compró para adornar la campaña electoral de la señora de Kirchner durante la reciente gira neoyorquina no son un remedio al aislamiento, sino más bien su confirmación. Una foto con el ex presidente Bill Clinton no es sustituto de una política externa.
• Improvisación en materia de política externa.El gobierno está mostrando con sus actos que debe corregir sobre la marcha consecuencias de sus propias decisiones anteriores. Así como, en el plano interno, la necesidad de reforzar su anemia electoral lo ha llevado a transformar a Daniel Scioli de esqueleto en el placard a gran esperanza blanca, así ha tenido que tomar distancia, por interpósita persona, de sus amigos regionales –el comandante Chavez y Evo Morales, aliados del régimen de Teherán-, al formular un reclamo judicial al gobierno iraní en la sede de las Naciones Unidas y solicitarle a la institución mundial que "exija" a Teherán su colaboración con la Justicia argentina. El oficialismo aplica así, una vez más, por imperio de necesidades domésticas, la política del tero: mientras despotrica por izquierda contra los Estados Unidos, aporta una pieza que puede ser importante en los movimientos occidentales de contención del régimen iraní, aunque se expresa con suma cautela sobre la naturaleza de la política que ese régimen impulsa. Esas picardías ni componen una política exterior ni testimonian coherencia.
• Subsistencia de la tensión con Uruguay. Movimientos electorales oportunistas impulsaron, dos años atrás, que se elevara hasta un punto crítico la temperatura de la relación con Uruguay por el tema de las papeleras. El próximo gobierno heredará un pleito irracional con el país amigo y deberá darle satisfacciones a la preocupada comunidad de Gualeguaychú, que hoy se siente usada y abandonada.
• Otra consecuencia de la improvisación. El gobierno denunció ruidosamente, pocas semanas atrás, un tratado de cooperación en materia de hidrocarburos con Gran Bretaña suscripto durante el gobierno de Carlos Menem que, en el marco de un alambicado plexo jurídico, representaba para Londres el compromiso de que cualquier explotación petrolera en las aguas malvinenses, que nuestro país reclama y Gran Bretaña controla, debía devengar tributos al Estado argentino. El gobierno repudió ese tratado en vísperas de que Londres anunciara –acaba de hacerlo- que estudia una extensión de sus controles marítimos en la zona y se dispone a la paralela explotación de hidrocarburos. Así, el gobierno termina facilitando que la usurpación tenga un problema menos que resolver: el la gestualidad crispada se traduce en una renuncia a exigir los derechos que estaban pactados. Palabras altisonantes para hechos que debilitan la posición nacional. He allí otra prueba patética de aislamiento.
• La huida de capitales y la reticencia de la inversión externa reflejan dramáticamente el aislamiento. Un trabajo de Agustín Monteverde publicado durante la última semana subraya que “la inversión externa directa del sector privado no financiero en el segundo trimestre de 2007 sumó apenas 509 millones de dólares, lo que marcó una fulminante baja interanual de 67 por ciento frente a los 1534 millones ingresados un año antes, que ya evidenciaban una desaceleración de 27 por cientorespecto a lo ingresado en 2005”.
Monteverde compara esos 509 millones de dólares con “los más de 20.000 millones que Brasil atrajo en inversiones directas —es decir, en plantas y maquinarias— del exterior durante el primer semestre de este año”.
El agudo economista observa asimismo que las remesas de utilidades de las multinacionales con filiales en el país han alcanzado desde el año pasado “niveles récord del orden del 2 % del PBI, duplicando lo que giraban en los infames años '90”. Los giros por utilidades e intereses a las casas matrices fueron más de dos
veces y media lo que ingresó como inversión .
• La desinversión va, en el campo de los servicios públicos (y particularmente en el energético) de la mano con el retraso tarifario y las graves distorsiones de precios relativos, cuya corrección provocará indudablemente fuertes tensiones. La falta de inversión en aquellos campos se transforma en una restricción muy fuerte al crecimiento.
• Inflación creciente y, para colmo de males, escondida o mal disimulada con bárbaras incongruencias en el sistema estadístico nacional que profundizan el mal, transformando en objeto de duda todos los datos oficiales.
• Puja por la actualización salarial para ponerse a cobijo de los efectos de la inflación.
• Reclamos de inclusión y de un ingreso de inclusión por parte de los sectores que trabajan en negro, cerca de un 50 por ciento de la fuerza laboral. Aunque la economía está recalentada y alentando las pulsiones inflacionarias por los estímulos al consumo de algunos sectores, hay graves problemas de distribución tanto en segmentos de los trabajadores registrados como, fundamentalmente, en el ancho continente del trabajo en negro.
• Tensiones sofocadas entre Nación y provincias que tienden paulatinamente a expresarse en torno a la distribución federal de recursos hoy apropiados por la caja nacional. La reivindicación de una coparticipación equitativa de los recursos en cambio de la discrecionalidad del poder central en su reparto se hará oir más temprano que tarde.
• Un sistema político débil y convaleciente, con grandes dificultades para cumplir su función de facilitador y articulador de las pulsiones de la opinión pública en su relación con el poder. La ausencia virtual de sistema político torna más fuertes y descontroladas las tensiones sociales, estimula la práctica de la acción directa por los más diversos sectores y abre las compuertas de un crecimiento de la anomia y la violencia.

Sobre la mayoría de estos temas el gobierno actual no tiene respuestas y su candidata, al parecer, tampoco. Seguramente por eso evitan que se les formulen preguntas. ("Ha hecho pocas definiciones nuevas en Nueva York y no pudo abordar las preocupaciones económicas dominantes como la suba de la inflación, que según la estimación privada de los economistas asciende al doble que la registrada por el índice oficial del 9,6%, pero tuvo un gran desempeño en las relaciones públicas", cuestionó a la señora de Kirchner el prestigioso Financial Times). Algunos líderes de las fuerzas opositoras quizás puedan tenerlas, pero por el momento se muestran demasiado ocupados en otras cosas como para darlas: su prioridad es ubicarse al menos en el segundo puesto electoral, presentarse como los elegidos para pelear mano a mano con señora de Kirchner.
En cualquier caso, los hilos de la crisis no se cortan el domingo 28. La realidad seguirá entretejiéndolos más allá de las elecciones.