“No es una casualidad”

Casi exactamente un año después, Néstor Kirchner volvió a emplear la misma frase: “No es una casualidad”. En 2006 la usó para argumentar acerca de los incidentes y tiroteos ocurridos en San Vicente, en un homenaje funerario a Juan Perón. Ahora lo hizo para comentar la carnicería ocurrida el viernes 19 de octubre en una zona campestre cercana La Plata, en un local técnico de la Policía bonaerense, que concluyó con el asesinato brutal de tres jóvenes funcionarios de la institución.
“No fue casual”, dijo Kirchner. Ciertamente no lo fue, aunque el Presidente prefirió atribuir el hecho a alguna maniobra conspirativa contra su gobierno o a represalias por “la política que llevamos adelante en materia de derechos humanos”. Intentó así sacar algún rédito de la masacre precisamente en momentos en que Daniel Scioli, el candidato oficialista a la gobernación bonaerense, sostenía que “no hay espacio para aprovechamientos políticos sobre la sangre de tres servidores públicos”.
Un año atrás, los enfrentamientos y desbordes se produjeron en un acto en el que el gobierno decidió no emplear los recursos institucionales de orden y seguridad.
Si bien puede discutirse sobre las causas de la masacre del viernes 19 –las autoridades sólo manejan conjeturas por el momento- lo que parece indudable es que ella se inscribe en el dramático cuadro de inseguridad que la opinión pública ha colocado al tope de sus inquietudes y que los funcionarios nacionales y provinciales han insistido en traducir como mera “sensación térmica” de la sociedad, como una impresión que no se corresponde con la realidad. Recuérdense las abundantes declaraciones en ese sentido del ministro de seguridad de Kirchner, Aníbal Fernández, y de su colega de La Plata, León Arslanián. Para los habitantes de la Capital Federal y los de la provincia de Buenos Aires esa “sensación” es la realidad con la que se convive cotidianamente y los secuestros, las violaciones, los robos y los asesinatos no son alucinaciones, sino hechos. Y hechos que se producen por la ineficacia o por la renuencia ideológica del oficialismo a tomar medidas. La sociedad espera de los gobernantes que repriman el delito para no tener que soportar el creciente control del espacio público por parte de la delincuencia, para que no sean los ciudadanos los que deban vivir detrás de rejas.
¿Hay un programa del oficialismo sobre este punto, que encabeza la agenda de las preocupaciones públicas? No lo hay. Y esto debe interpretarse como la decisión implícita de mantener la actual ausencia de política…que es una política.
Los hospitales dan cuenta del incremento permanente y acelerado de los casos graves de intoxicación con drogas de adolescentes y jóvenes; en dos semanas se repitieron casos fatales por uso de las llamadas drogas de diseño y constantemente –aunque con menos difusión- se registran hechos semejantes determinados por el uso de paco. En un caso el consumo afecta a jóvenes de clase media y alta; el paco se emplea en ambientes más pobres. Se vende en locales bailables, en las proximidades de las escuelas, en los barrios: una red cada vez más densa va envolviendo al país y no hace falta imaginación para prever cómo se desarrollan estos fenómenos: alcanza con mirar lo que sucede en ciudades que ya pasaron por esta etapa: Río de Janeiro, San Pablo, Lima, Cali, Bogotá…Lo que no se vé aquí es la acción de las autoridades para desbaratar ese negocio criminal que golpea principalmente a los jóvenes y que horada las familias y las comunidades.
Las guerras de bandas ya han empezado a desarrollar en barriadas porteñas y granbonaerenses. En Río y San Pablo, el Comando Vermelho y el llamado Primer Comando de la Capital han mostrado su capacidad de copar fragmentos de las ciudades, lanzan ataques simultáneos contra comisarías y fuerzas de seguridad, queman medios de transporte y muestran asiduamente su poder, obligan a las autoridades a negociar con ellos e imponen su ley en muchas zonas. Las guerras de bandas son frecuentes y a menudo concluyen en pactos federativos destinados a coordinar acciones de hostigamiento a las fuerzas legales. El presidente Lula Da Silva no dudó en convocar a las fuerzas armadas para dar batallas contra la delincuencia organizada y reprimirla. Aquí lo que prevalece en el gobierno es, para decirlo con las precisas palabras de Joaquín Morales Solá en La Nación, “el temor a aparecer excesivamente represor del delito ante sectores políticos que lo rodean”.
En esas condiciones en materia de seguridad el país transita las vísperas de la elección.
El gobierno experimentó hasta el sábado 20 al mediodía un suspenso que contribuyó a generar pero que hubieraa no sufrir. Fue por la intervención de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en el ríspido asunto de la aprobación de candidaturas impugnadas por incumplimiento de la Constitución provincial. La que estaba sobre el tapete era la del candidato a gobernador de la alianza macrista, Francisco de Narváez, pero en gateras se encontraba la de Daniel Scioli. En el caso del primero, lo que se cuestionó es que el postulante no cumpliera con la condición constitucional de ser “argentino nativo”. De Narváez nació en Colombia. La candidatura de Scioli ha sido impugnada por otro aparente incumplimiento constitucional: al no ser nativo de la provincia, se le reclaman cinco años de residencia en el distrito con ejercicio de los deberes ciudadanos, algo que Sioli no estaría en condiciones de exhibir.
El tema había sido fallado con la aprobación de las candidaturas por parte de la Cámara Electoral, pero se apeló a la Corte por tratarse de un intríngulis de carácter constitucional, que sólo puede resolver el tribunal superior. Que la Corte decidiera declararse competente a días apenas de la fecha electoral es lo que puso nervioso al oficialismo. “Si los supremos se compraron el pleito a esta altura será porque tienen algo diferente que decir”, decía a esas horas, expresando sus temores, voceros kirchneristas. El gobierno hizo algo desacostumbrado: salió a defender el derecho de De Narváez, un opositor, a ser candidato. “Esto no lo resuelven los jueces, sino los ciudadanos en las urnas”, argumentó el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Por su parte, la señora de Kirchner sostuvo: “Tiene derecho como cualquier argentino de presentarse como candidato a gobernador”. La Justicia no ha aclarado aún las denuncias de que la señora no se recibió efectivamente de abogada en La Plata en la década del 70, pero afirmaciones como esta tienden a darle argumentos a los que piensan que no lo hizo, porque lo cierto es que “cualquier argentino” no puede candidatearse a gobernador de la provincia: se requiere cumplir con varios requisitos constitucionales. Debería ser mayor de edad, argentino nativo, nacido en la provincia o con los años de residencia que la ley exige. Luis Barrionuevo, por caso, al no cumplir esos requisitos, no pudo en su momento ser candidato a gobernador de Catamarca, provincia por la que ya era senador nacional.
La reivindicación de la postulación de Francisco De Narváez por parte de la Casa Rosada y de la primera dama era, obviamente, interesada y preventiva. Lo que Kirchner y señora temían es que se cayera la candidatura de Daniel Scioli, que es la locomotora que tira del tren electoral oficialista en una provincia que representa el 38 por ciento del voto nacional. Curioso bumerán: en esta columna se apuntó, en julio y en agosto, que había kirchneristas interesados en bloquear la candidatura bonaerense del motonauta para impulsarlo a compartir fórmula con la esposa del Presidente: alertados por los encuestadores amigos, querían evitar la comparación de cifras después del escrutinio, porque los estudios previos señalan que Scioli está sacando en el distrito un diez por ciento más de sufragios que la señora. Sin embargo, en vísperas de las urnas, se ha cumplido aquello de que “la necesidad tiene cara de hereje”, y esos mismos sectores se mostraron dispuestos a admitir a Scioli de cualquier forma.
El alivio llegó el sábado, cuando l Corte resolvió –rápdamente- a favor de De Narváez. Porque el mayor temor de los estrategas de la Casa Rosada residía menos en que la candidatura de Scioli fuera bochada por la Corte que en la posibilidad de que el alto tribunal demorase su decisión sobre las candidaturas y dispusiera posponer por unas semanas la elección provincial, divorciándola en el tiempo de los comicios nacionales. En tal caso, la señora de Kirchner se habría visto obligada a zapatear en patas y afrontar las urnas sin la ayuda traccionadora del actual vicepresidente. Fue para evitar semejante riesgo que el kirchnerismo movió todos sus recursos e influencias.
Recursos no le faltan. El frente oficialista ha declarado que gastará 15 millones de pesos en su campaña. Pero, claro, allí no están contabilizados los medios que el gobierno pone a disposición de su candidata, desde los viajes al exterior hasta el uso de helicópteros, palcos y aparato de medios oficiales. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, la colaboración de Diego Maradona? El crack tiene compromisos de distinta índole con dos capitales amigas del kirchnerismo, La Habana y Caracas, y los cumple como un profesional. Así, El 10 salió a pedir el voto para Cristina Kirchner. Pero como se trata de Maradona –esto es: un tipo con antenas ultrasensibles para captar el sentimiento popular- respaldó a la primera dama con una frase que a ella probablemente no le cayó bien: “Vótenla… aunque no la quieran”. Maradona es amigo de sus amigos, pero no quiere ser enemigo de la verdad.