La inflación y los buenos negocios de la familia K

Según el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, el precio por kilómetro de autopista es extremadamente variable en el país. “Un kilómetro de autopista en San Luis tiene un valor de $1,2 millones, mientras en Mendoza es de 3 millones y en Buenos Aires o Tucumán de 6 y 10 millones”. Semejantes diferencias, expuestas por un elevado representante institucional de la Argentina, deberían merecer la atención tanto de analistas económicos como de fiscales.
La frase del mandatario puntano encaja con precisión en aquella denuncia de Roberto Lavagna que apuntaba a los sobreprecios en la obra pública y que transportó al economista fuera del gobierno de Néstor Kirchner.
El caso Skanska gira alrededor de esa cuestión.
Justamente la empresa sueca (que está siendo investigada por pago de coimas en la concreción de obras públicas manejadas por el Estado) es señalada ahora por empresarios nacionales de la Patagonia como sospechosa beneficiaria, junto a un puñado de ejemplos del “capitalismo de amigos”, de contratos millonarios.
El diario Río Negro y el sitio de Internet La Política on Line reproducen la queja de la Cámara Patagónica de Servicios Petroleros, constitida por una docena firmas del Sur (Foxpetrol, Radial, Oilfield, Peduzzi, entre otras), que facturan en conjunto cerca de 500 millones de pesos al año y que se consideran marginadas de ciertas obras a las que hasta poco tiempos hubieran podido acceder. Los empresarios patagónicos señalan como beneficiarios actuales casi exclusivos a Skanska y el grupo Indalo, “presidido por el empresario K Cristóbal López”.
La Cámara Patagónica describe “los mecanismos que se estarían utilizando para beneficiar a esas empresas. Al parecer, a veces las firmas locales ganan las compulsas pero a través de alguna impugnación se adjudica a la que salió segunda y en otros casos groseramente ni siquiera las invitan a las licitaciones privadas (…)Los dirigentes de la cámara empresarial explicaron que, por ser las de mayor presencia en la provincia, las empresas que más ejercen esta práctica son YPF y Petrobras”, y, aunque se trata de empresas privadas, consideran que actúan de ese modo “por presiones emitidas desde la Casa Rosada”.
La cuestión de la transparencia en el manejo de los negocios públicos, que durante un período de auge económico motorizado por óptimas condiciones mundiales no pareció mellar la coraza de la popularidad presidencial, empieza a ser una de las preocupaciones de la Casa Rosada a medida que se aproxima la fecha de los comicios. Aunque las encuestas que trascienden le otorgan ventajas difícilmente remontables a la esposa del doctor Kirchner, candidata oficialista, el gobierno no se siente en condiciones de hacer la plancha. No está tranquilo. Y no sólo porque prefiera –como dijo la primera dama- la simbología “del puño crispado”. Teme, en rigor, que las consecuencias de sus propias decisiones se manifiesten en toda su intensidad antes del domingo electoral de octubre.
Los casos de desmanejo oficial – los nombramientos y extravagancias presupuestarias de la secretaria Piccolotti, los ladrillos de dinero de la ministra Miceli, las licitaciones de De Vido, los subsidios de Jaime- se vuelven más irritantes a medida que la inflación erosiona las economías domésticas y la previsibilidad. El Presidente teme pisar la capital de su propia provincia, que se encuentra en estado de rebeldía, pero sabe que no puede dejarle el campo libre a sus adversarios. Por eso viajó a Santa Cruz a hacer campaña y allí atacó al ex gobernador Sergio Acevedo, un hombre a quien él mismo había designado como titular de la SIDE antes de proyectarlo al gobierno santacruceño. Sucede que Acevedo cuestionó duramente la prórroga de concesiones petroleras apurada por los gobiernos nacional y provincial. Y sugiere prácticas corruptas. Hasta hace algunos meses el presidente habría optado por el ninguneo. Hoy es conciente de que los números favorables de las encuestas no lo protegen del ácido de una opinión pública que está volatilizándose.
La inflación no es inocente en esa volatilidad. Cuando un kilo de zapallitos cuesta lo que cinco litros de nafta, el pollo está tan alto como el pescado o la carne bovina y una pizza se vuelve plato de lujo tanto por el precio de la harina como por el del queso o los tomates, la gente empieza a ponerse nerviosa.
La irritación se incrementa si a la suba de los precios la acompaña una deformación tan burda de la verdad como las estadísticas del INDEC, que para colmo son públicamente desnudadas por las cifras que emiten los Institutos estadísticos de las provincias. Mendoza registra en el primer semestre una inflación tres veces más alta que la que dibujó el INDEC; Córdoba indica el doble. El 3,5 que canta la conducción kirchnerista del INDEC no resiste el menor análisis.
Aunque elogia los porcentajes manipulados por Guillermo Moreno a través de sus interventores en el INDEC, Néstor Kirchner, en documentos tan íntimos como su propia declaración de ingresos, aporta testimonios personales sobre la inflación, que revelan realidad bastante diferente.
Los ingresos particulares del Presidente proceden, al parecer, de los alquileres que percibe por 30 propiedades, la mayor parte de las cuales, según consigna el diario La Nación, “las obtuvo entre 1977 y 1981”. Entre su última declaración de ingresos y la de 2005, Kirchner registra un incremento de 500 por ciento en la renta que recibe: pasó de 277.000 pesos a 1.103.655 pesos. En rigor, el Presidente aumentó los alquileres de sus inmuebles muy por encima de la inflación real (hoy se calcula una interanual de aproximadamente 20 por ciento). No sólo eso: cuando se comparan los ingresos rentísticos del doctor Kirchner y su señora con el valor fiscal de las propiedades que alquilan, se comprueba que la familia reinante recibe anualmente en concepto de alquileres ¡el doble del valor fiscal de lo que alquila! Probablemente si él beneficiario de un incremento semejante fuera alguna empresa, el Presidente emplearía adjetivos como “usurario”, “especulativo” o “parasitario”. Más allá de esa circunstancia, queda claro, a la luz del ejemplo presidencial, que los índices de la inflación dibujada están muy lejos de los reales.
También parece claro que, aunque vende optimismo, exhibe encuestas favorables y proclama una victoria sin atenuantes en octubre, el gobierno no se ve tranquilo ni relajado. Sabe que la ebullición de los precios (y los sobreprecios) puede activar el ácido de la opinión pública.