Entre el activismo por Betancourt y la pasividad por Hilda Molina

El gobierno Kirchner ha aceptado cumplir algún papel de facilitador en la fuerte operación lanzada por el presidente francés Nicolas Sarkozy para obtener la liberación de Ingrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla colombiana de las FARC hace poco más de cinco años. Auspiciosamente, los presidentes Kirchner (Néstor y Cristina) encomendaron el seguimiento del asunto al canciller de ambos, Jorge Taiana. Es de desear que el ministro y sus mandantes tengan para esta gestión más empeño, fortuna y eficacia que los que signaron otros trámites suyos de análoga naturaleza.
En diciembre de 2004, después de disuadirlas de pedir asilo en la embajada argentina en La Habana, el gobierno K reclamó al régimen de Fidel Castro por la suerte de la doctora Hilda Molina y la madre de ésta, la octogenaria Hilda Morejón, impedidas ambas de trasladarse a Buenos Aires para reunirse con el hijo y los nieto de la primera (nieto y bisnietos de la anciana), todos ellos ciudadanos argentinos.
Desde aquellas vísperas navideñas de 2004, más allá de algunos gestos rituales que chocaron contra la terca negativa cubana, el gobierno K dejó de importunar al Comandante Castro y entregó el asunto al General Olvido.
Un año atrás, ante la circunstancia de que Castro sería huésped de Argentina en Córdoba, en una cumbre del MERCOSUR, el máximo logro que el canciller Taiana obtuvo en relación con el caso consistió en que su colega isleño, Pérez Roque, admitiera recibir una carta de Kirchner sobre el tema. No se conoce el tono de la respuesta. Es más: ni siquiera se sabe si la hubo. En cualquier caso, la elocuencia pertenece a los hechos: la familia Molina continúa sin poder reunirse en Buenos Aires; la doctora y su madre siguen recluidas en Cuba.
La energía del gobierno de Sarkozy en defensa de la señora Betancourt, una ciudadana colombiana de origen francés, es encomiable y ha conseguido conmover al gobierno K. Sería bueno que también le contagie vigor y espíritu de iniciativa para procurar solidaridad internacional y reclamar por los derechos humanos de una familia argentino-cubana, dos de cuyos miembros continúan secuestrados en La Isla. De paso, una actitud consistente y sostenida podría quizás conjurar la, hasta aquí, patética impotencia del gobierno ante la arbitrariedad de su amigo Fidel. Con un poco de muñeca y firmeza, hasta se podría convencer al Comandante de que le eche una mano a Kirchner Cristina al iniciarse el segundo período K y mientras él todavía puede hacerlo.

Doble discurso

(Publicado en La Capital de Mar del Plata el domingo 9 de diciembre de 2007)

Las dificultades políticas experimentadas durante la primera semana de diciembre por el matrimonio presidencial constituyeron mortificaciones inesperadas para un oficialismo que hasta el momento parecía volar plácidamente por el paisaje familiar de la reelección.
La primera mala noticia llegó desde el exterior. El amigo venezolano, el coronel Hugo Chávez, había sido derrotado en el plebiscito a través del cual pretendía ratificar su liderazgo y consagrar constitucionalmente su derecho a la reelección perpetua. El revés sufrido por Chávez (que con sus inagotables petrodólares es el principal palenque financiero de una Argentina que tiene obturados los mercados del crédito) tendrá efectos sobre toda la región y obligará a sus aliados a ajustar de otro modo sus políticas.
Pero, además, la derrota del verborrágico coronel esconde lecturas que, por sus reverberancias comparativas, suenan ominosas para el kirchnerismo. El dramático enfrentamiento de Chávez con la clase media de las grandes ciudades provocó fisuras en el oficialismo de Venezuela, y la oposición urbana y republicana apoyada en corporaciones y partidos tradicionales que hasta el momento el coronel derrotaba y mantenía acotada, encuentra ahora nuevos y protagónicos aliados en el estudiantado universitario, en un amplio segmento de los sectores más humildes que parece haber salido de la influencia oficialista para oponerse a través de la pasividad (la significativa abstención electoral refleja esa conducta de contingentes sociales hasta el momento encuadrados por Chávez) y en una actitud de las fuerzas armadas que han dado señales de que no avalan las pretensiones más radicales y facciosas de su presidente.
El gobierno argentino procuró poner al mal tiempo buena cara y Néstor Kirchner se encargó de consagrar como virtuoso (“actitud de gran demócrata”) el gesto de Chávez de reconocer la derrota, en rigor, un comportamiento tardío y forzado tanto por la movilización opositora como por la actitud militar de no avalar terquedades fraudulentas del presidente venezolano. El elogio permite observar como funciona el, digamos, democratómetro santacruceño: para Kirchner merece laurearse la circunstancia (que debería ser obvia) de que una autoridad reconozca el resultado de un comicio al que ella misma convocó, pero no provoca ni un juicio la pretensión de un presidente de eternizarse en el cargo. Ni los posteriores comentarios de Chávez sobre la victoria de sus rivales, que caracterizó como una “victoria de m…”. Se ignora qué calificación otorga el democratómetro a dichos como ese: probablemente ese aparato tampoco mide los dobles discursos.
Pero, en fin, el matrimonio presidencial siempre ha privilegiado los problemas domésticos antes que los asuntos externos, de modo que, pese a que el resbalón chavista lo hiere, no fue ese el mayor motivo de malestar de la primera semana de diciembre. Tal disgusto se lo proporcionaron los senadores del bloque oficialista, que no pudieron satisfacer los deseos de la Casa Rosada, de modo que, por ejemplo, el impuesto al cheque (cuyos recursos ya fueron calculados en el presupuesto del año 2008) no ha sido legalmente renovado aún. Y, sobre todo, no fue aprobada la prórroga de la Ley de Emergencia Económica.
Con la cantidad de legisladores de obediencia kirchnerista con que cuenta el gobierno, seguramente esos objetivos se cumplirán antes de fin de año. ¿Por qué la furia de la pareja presidencial, entonces?
Primero, por una cuestión de estilo, un estilo que comparten ambas caras del dúo reelectoral: los deseos son órdenes, y si las órdenes no se cumplen, sucede la ira. Ese método pedagógico postula que un ataque de iracundia oportuno fortalece la disciplina.
Sin embargo, aquí había causas para la rabia, porque aunque los senadores cumplan en una o dos semanas y la Ley de Emergencia mantenga así vigencia, no se concretará el deseo oculto del matrimonio presidencial. Kirchner Néstor quería satisfacer la, digamos, coherencia, de Kirchner Cristina. Ella estuvo en contra de las declaraciones de emergencia económica proclamadas por gobiernos anteriores. ¿Y con la emergencia económica que utilizó su cónyuge durante todo su mandato? Ella siempre se ausentó cuando había que votarla. Nunca dijo nada en contra de que su esposo la empleara, pero se supone que estaba en contra. Mucha gente mantuvo el silencio sobre cuestiones de derechos humanos en los años setenta y ahora interpreta ese silencio como una actitud de oposición. Bien, el silencio tiene esa ventaja. En este caso, Kirchner Néstor quería pasarle la banda a Kirchner Cristina con la ley que a ella la hace callar ya aprobada, ya sancionada. Ahora, en cambio, como los senadores oficialistas no cumplieron, tendrá que sancionarla ella (¿o le hará firmar el trámite al por ahora invisible vicepresidente electo, Julio César Cleto Cobos?).
Otro motivo para la bronca (y la reflexión): ¿esta muestra de desobediencia es un anticipo de comportamientos futuros de peronistas sordamente rebeldes? La Casa Rosada registró que los senadores justicialistas Carlos Reutemann y Rubén Marín estuvieron en el recinto hasta minutos antes de que se planteara el tema, pero se retiraron dejando al presidente del bloque en situación vulnerable. Reutemann y Marín son para la Casa Rosada (particularmente cuando se comportan de modo imprevisible) sospechosos de menemismo. ¿Se está incubando, acaso, un peronismo desobediente como el que Carlos Menem tuvo que afrontar en su segundo mandato cuando un sector del justicialismo reparó en la creciente oposición de la opinión pública al gobierno y se unió a ella? Cruel incertidumbre.
Si alguien puede alegar que la señora de Kirchner peca de doble discurso al pretender una actitud de pureza no mezclándose personalmente con la Ley de Emergencia Económica mientras se beneficia con su existencia o reclama que otros la voten, habría que agregar que también se observa una dosis del mismo pecado cuando se postula la pureza institucional y al mismo tiempo se pretende gobernar con instrumentos propios de situaciones de catástrofe o de guerra. La ley que se quiere prorrogar habilita al Ejecutivo a saltearse la división de poderes, a establecer per se regulaciones económicas drásticas, bloquear decisiones judiciales o fijar por decreto determinados impuestos. Imaginada en una situación de grave crisis –la que dejó el gobierno de la Alianza-, proponer su prórroga hoy equivale a confesar que seis años más tarde, y en vísperas de iniciarse el segundo período kirchnerista, subsiste la amenaza de disolución y caos. O que el oficialismo tiene dificultades insalvables para gobernar sin invocar un estado de excepción y con las instituciones funcionando normalmente.

Más de lo mismo

(Publicado en La Capital de Mar del Plata el domingo 2 de diciembre de 2007)
La señora de Kirchner ha dedicado los últimos días a abollar las ilusiones (espontáneas o fingidas) de algunos analistas que han querido ver en su acceso a la presidencia la inauguración de una etapa nueva, diferenciada de la que personificó Néstor Kirchner. En rigor, la única variación reside en que la todavía primera dama no incurre en la manía fundacional del oficialismo, la propensión a considerarse bisagra de la historia,momento inaugural de una era distinta. La señora no abre una etapa, no funda nada: su signo es el continuismo, porque lo que ella encarna es una reelección sui generis. El protagonismo de Kirchner Néstor en la designación de funcionarios del gobierno que encabezará Kirchner Cristina o en la ratificación de los actuales testimonia inapelablemente esa circunstancia. Ya se sabía que Julio De Vido (el ministro más golpeado por la oposición y el oficialismo bienpensantes) no sería apartado del gabinete. Ahora se evidencia que tampoco serán despedidas otras bestias negras del elenco kirchnerista, como el secretario de Comercio Guillermo Moreno y el de Transporte, Ricardo Jaime. El segundo período kirchnerista, que en la propaganda electoral prometía cambio, solo ofrece ahora una reiteración de políticas y nombres. Aunque varias de esas figuritas repetidas podrían recitar, con Neruda: “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”. Han sido ratificados los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, inclusive el general Roberto Bendini, cuya autoridad ha sido erosionada desde el poder político con episodios como su famoso escalamiento de banquito para descolgar cuadros en el Liceo Militar o el reciente despido de su jefe de Inteligencia por la ministra de Defensa, consumado al margen de toda intervención suya, en una operación que suele nombrarse como “puenteo”. El llamado estilo K prefiere contar con funcionarios débiles y vulnerables, calidades que, a sus ojos, fortalecen la obediencia y la dependencia del poder.
Lo que quizás se está cocinando en los calderos kirchneristas es un incremento del centralismo, el estatismo y la discrecionalidad. El viernes 30 de noviembre, al presidir un nuevo gesto de control de precios impulsado por Guillermo Moreno, la primera dama aseveró que el mercado no asigna bien los recursos. “ Me parece –dijo- que esta es la gran novedad, porque en definitiva se nos había dicho durante mucho tiempo que era el mercado el que todo lo solucionaba, que el mercado era casi perfecto y entonces podía asignar recursos de acuerdo a eficiencia y eficacia, y todos sabemos que esto no es así, pero no solamente en la Argentina, en ninguna otra parte del mundo es así”. Se trata, lo sepa o no la señora, de una definición fuerte, por más que se haya deslizado en medio de un discurso de ocasión. En rigor, la frase explicita el sentido de una práctica: el gobierno considera natural y razonable que los niveles de ganancias de las empresas se fijen desde el poder, al que se asigna la atribución de decidir en qué casos las utilidades son legítimas y cuándo excesivas; a través de imposiciones como las retenciones recorta utilidades y aplica políticas virtualmente confiscatorias. Como las retenciones no son coparticipadas, garantizan en exclusividad al poder central 1 de cada pesos que ingresan por gravámenes e incrementan su capacidad de presión sobre provincias y municipios. José Manuel De la Sota, que ya deja la gobernación cordobesa, apuntó contra esa política basada en lo que calificó como "un impuesto recesivo" por el cual la provincia "pierde cientos de millones de dólares”.
El gobierno K avisa que no confía en el mercado. A eso hay que agregar que tampoco confía en los poderes institucionales ni en leyes como la de Presupuesto; ese es el motivo por el cual, a través de los llamados superpoderes, cambia de destino las partidas aprobadas por el Congreso y acumula en manos del Ejecutivo miles de millones de dólares de manejo directo.
En rigor, nada de esto implica una novedad: la próxima huésped de la Casa Rosada, antes que Cristina es Kirchner.
La señora ni siquiera puede innovar en un tema que también vendió publicitariamente durante la campaña: el del pacto social. Empezó por tomar distancia de la expresión misma: descubrió que “no me gusta llamarlo pacto, porque siempre la palabra pacto tiene una connotación entre sórdida y oscura”. Ahora lo llama “acuerdo” social, pero cuando ella lo describe, se observa que no se justifica el uso del singular. La señora se inclina ahora por una multiplicidad de acuerdos “por sector, por actividad”. Argumenta plausiblemente que “hoy no se puede proponer políticas generales sin atender las características de cada sector, la competitividad que tiene ese sector”. Con la misma lógica podría haber llegado al plano de cada empresa, pero temió, quizás, parecer demasiado “noventista”. De todos modos, la idea que sugiere ahora la primera dama es la de múltiples acuerdos en los que teóricamente, no sólo intervendrán las partes directamente involucradas (empresas, sindicatos) sino también el Estado, porque, señala la señora, hay que determinar “ cuál necesita inversión, cuál necesita tecnología, cuál necesita -no voy a decir protección, porque luego se enojan desde los grandes centros- un tratamiento diferente porque su situación y su posición en el mercado también es diferente”. Cristina de Kirchner teoriza el intervencionismo estatal en el plano de la microeconomía.
Más que novedades, en este terreno, lo que hay es una fuga. Un mes atrás, en esta página señalábamos que “el gobierno lanzó la idea del pacto social con la intención de evitar que la puja distributiva motorizada por el incremento del costo de vida (el real, no el que declara el INDEC) terminara realimentando la inflación. Es probable que el resultado sea diferente: empieza a observarse que en el movimiento sindical hay pujas y competencias tanto horizontales ( enfrentamientos entre distintos sectores de la conducción) como verticales (choque entre corrientes y comisiones internas de cada sindicato con las respectivas dirigencias de sus organizaciones). En esa dinámica, todos los actores tratan de estar a la cabeza de los reclamos y la moderación cede terreno ante las posturas más radicales. La atmósfera es de conflicto.”
La perspectiva del pacto o acuerdo prometido por la señora de Kirchner impulsaba a los actores a ganar terreno: los gremios con sus reclamos y aprestos de lucha, las empresas, con la remarcación anticipada de precios.
El gobierno decidió retirar la propuesta del pacto por la vía de la redefinición conceptual: ni uno, ni pacto, ni social. “Múltiples acuerdos sectoriales de competitividad”.
Si los conflictos reales se resolvieran con cambios de palabras, la Argentina sería un paraíso. Lamentablemente, no ocurre eso. El gobierno que viene, más de lo mismo, tendrá que afrontar, con los mismos elencos y los mismos instrumentos, los desafíos que en este primer período quedaron irresueltos: inflación, bajísima inversión, dificultades graves para obtener financiamiento de los mercados, proliferación del trabajo en negro, para citar sólo algunos de los más importantes.

Víctimas del fuego amigo

 

En menos de 30 días, a contar desde el comicio del 28 de octubre, y cuando restan aún dos semanas hasta que se consume la reelección sui generis, con la asunción presidencial de la señora de Kirchner, el oficialismo acumula ya varias crisis significativas en sus elencos superiores.

En el marco general de la tensión constante entre los continuistas prolijos de Alberto Fernández y el continuismo salvaje que se atribuye a Julio De Vido, la opinión pública ha observado ya la abrupta interrupción de la carrera de Miguel Peirano a la cabeza del ministerio de Economía. Técnico íntimamente vinculado a la Unión Industrial (y, particularmente, a la empresa que constituye su médula corporativa: Techint), Peirano era el elegido para encabezar el Palacio de Hacienda en el segundo período kirchnerista, pero tuvo que alejarse del puesto para no soportar la capitis diminutio de que un subordinado teórico –el secretario de Comercio, Guillermo Moreno- mandara más que él en varios segmentos de su ministerio. En rigor, Moreno es apenas un peón en el ajedrez oficialista, y si puede amenazar a alguien es porque cuenta con el apoyo de piezas mayores. En su caso: De Vido y el presidente Néstor Kirchner.

El oficialismo tuvo que desproveerse del ministro deseado y convocar a un sustituto, el joven Martín Lousteau. Por tratarse de un funcionario junior, Lousteau es seguramente, en esta primera etapa, más flexible a las presiones que Peirano, un hombre de con más trayectoria. En cualquier caso, Lousteau sabe que tiene un futuro técnico por delante y que, si quiere preservarlo, debe lograr que las concesiones que haga a la lógica del poder sean medianamente compatibles con el buen sentido profesional. En no demasiado tiempo se verificará si la de Peirano fue la última crisis del kirchnerismo reelecto con los responsables del área económica, o sólo una de las penúltimas.

Lousteau, por caso, tendrá que decir algo sobre el INDEC. Los registros de inflación inducidos por Guillermo Moreno carecen de credibilidad, son cuestionados en el país y en el mundo. Sus estimaciones son caprichosa y arbitrariamente inferiores (dos o tres veces más bajas) que las calculadas por los Institutos de la mayoría de las provincias argentinas. Otro tanto sucede con las cifras de desempleo: el INDEC lanzó esta semana al ruedo un porcentaje (8,1 por ciento) que surge de una muestra en la que no fueron relevadas áreas sumamente representativas: Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata-Batán.

La investigación evoca fatalmente la historia del hombre que busca algo en la noche cerrada, bajo el farol que ilumina una esquina. Un agente de policía le pregunta que es lo que busca, y el hombre responde: "Se me cayó la llave de casa". El policía busca un rato junto a él, sin éxito; finalmente pregunta: "¿Está seguro de que se le cayó por aquí?". Responde el hombre: "No, se me cayó a media cuadra, pero allá está muy oscuro". El gobierno decidió medir el desempleo donde Moreno ve luz, despreciando el lugar penumbroso donde está la clave del fenómeno. ¿Sirve un índice así confeccionado?. Eso deberá responder Lousteau técnica y políticamente tan pronto asuma (o antes).

A la crisis determinada por el alejamiento del ministro de Economía en ejercicio, se suma ahora el culebrón que involucra a dos ministros y a dos organismos de inteligencia y que contiene en su entretenida trama escuchas ilegales y seguimientos que transgreden las leyes que rigen la actividad de los servicios de información.

Esta semana se conoció el despido del general de brigada Osvaldo Montero, un artillero, que hasta hace 20 días ocupaba la jefatura de inteligencia del Ejército. La información disponible atribuye el retiro forzado de Montero a una decisión de la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien habría imputado al general un "comportamiento desleal": habría realizado operaciones destinadas a favorecer la asunción de Aníbal Fernández como titular de Defensa en lugar de Garré. La descripción somera del episodio induce a pensar en maquinaciones florentinas de algunos miembros del gabinete contra otros colegas. Si se avanza en los detalles la impresión tiende a confirmarse. Según el relato de Clarín -que tuvo la primicia-, a la alianza (subjetiva u objetiva, el dato no es demasiado relevante) entre la el jefe de la inteligencia militar y Aníbal Fernández se contrapuso la alianza de la ministra Garré con un funcionario intermedio de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Este habría producido para Garré información, emanada de escuchas clandestinas, que corroboraba la conspiración destinada a desplazarla de la cartera en beneficio de Aníbal Fernández. Los hechos centrales ocurrieron hace más de dos semanas. El gobierno mantuvo cerrada la información y sólo admitió el despido del general Montero después de que Clarín lo puso en letras de molde. "El escándalo desató un conflicto profundo entre los ministros involucrados -informó La Nación-. Los recelos recíprocos dispararon una orden tajante de Kirchner: nadie habla del tema". Se hable o no, la realidad trasciende, y lo que se observa es que el proceso de reelección sui generis arrastra consigo pulsiones de crisis que empiezan a manifestarse antes aun de que la reelección se consume.

Por la importancia que tiene en el paisaje nacional, conviene observar también la transición en la provincia de Buenos Aires. Allí, mientras el gobernador saliente invierte fondos públicos en una curiosa campaña publicitaria de autoelogio y su ministro de economía asegura que "la administración del gobernador Solá culminará con la situación financiera absolutamente bajo control", el gobernador electo, Daniel Scioli, advierte que deberá afrontar "un déficit de unos 3.400 millones de pesos, sin tomar en cuenta el aumento salarial de los trabajadores estatales para el año próximo". Scioli avisa que necesitará ayuda nacional para poder afrontar, en esas delicadas condiciones, las enormes necesidades del distrito.

Más allá del precio de la soja y de la fragmentación opositora, dos factores que sin duda le ofrecen cuotas inapreciables de oxígeno, no puede afirmarse que el kirchnerismo bicéfalo inicie su segundo período presidencial con "todo atado y bien atado".

Paralelismos

 

Más significativos que el listado de los ministros que acompañarán a Cristina Kirchner a partir del 10 de diciembre fueron el adelantamiento de su difusión y la circunstancia de que no fuese ella quien hiciera el anuncio sino el actual y próximo jefe de gabinete.
El anticipo en los tiempos fue determinado por los vientos de fronda que soplaban en el oficialismo, con presiones cruzadas de algunos que quieren permanecer, otros que quieren entrar y algunos que aspiraban, si no al privilegio de poner ministros o secretarios, al menos sí al derecho de tachar alguno.
En tren de simplificar, se ha hablado de un bando encabezado por Alberto Fernández y de otro liderado por Julio De Vido. El relato convencional establece que el jefe de gabinete es el adalid de lo que podría llamarse el continuismo prolijo mientras el responsable de la obra pública sería el capo del continuismo salvaje. Al parecer, el primero de esos ejércitos, invocando los gustos y preferencias de la señora de Kirchner, habría insinuado la necesidad de que dejaran el gobierno algunas de las figuras más cuestionadas por la opinión pública: en primer lugar De Vido y enseguida algunos personajes que le responden, como el secretario de Comercio y manipulador del Indec, Guillermo Moreno, y el de Transportes, Ricardo Jaime.
El otro sector, de su lado, sostendría que la victoria electoral ratificó el rumbo y los equilibrios impuestos por Kirchner y que toda concesión a la opinión pública –cuyos sector más emblemáticos, las clases medias de las grandes ciudades, votaron en contra del kirchnerismo- sería interpretada como una señal de debilidad.
La violenta manifestación con amenaza de huelga protagonizada frente a la Legislatura porteña por los gremios del transporte que responden a Hugo Moyano, más allá del motivo local invocado (un proyecto de código de tránsito para la Ciudad Autónoma) debe ser inscripta en aquella dura puja intestina del oficialismo. Los prolijos vienen planteando la necesidad de transformar a la central obrera en una entidad políticamente correcta, operación que requeriría jubilar al camionero y poner en su lugar a un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló. Aliado de Julio De Vido por motivos propios, Moyano salió a marcarle la cancha al gobierno nacional, a advertir y presionar anticipadamente a Mauricio Macri, futuro jefe del gobierno porteño, y a asegurarse la continuidad de un interlocutor atento como Carlos Tomada en el ministerio de Trabajo. De Vido y el porpio Néstor Kirchner lo tranquilizaron y obtuvieron la suspensión de la huelga anunciada. El gobierno, que pensaba tomarse todavía una semana y un retiro más en El Calafate antes de develar el misterio del gabinete, se vió en la necesidad de precipitar la noticia. Que Alberto Fernández fuese el encargado de un anuncio cuyo contenido principal residía en que se mantendrá a la mayoría de los ministros, incluídos los más criticados (De Vido, Garré, la que no sabe qué es un FAL, en Defensa y Aníbal Fernández bajo otro techo, pero siempre a cargo de la inseguridad) fue el mayor signo de continuismo que podía darse. En rigor, un reflejo fiel de la realidad: estamos ante una reelección sui generis y parece plausible que quien se siente reelegido aplique el viejo adagio -“Si no está roto, no lo arregles”- que parece el lema favorito del continuismo salvaje. El otro bando imagina más bien que el lema de la señora de Kirchner es otro, de matriz goethiana: “Lo que te ha sido dado, conquístalo para poseerlo”.
El ala prolijista, más susceptible a los humores de la opinión pública, procuró exhibir signos de cambio (esa palabra que el kirchnerismo extravió durante la campaña), con algunas incorporaciones, principalmente la de Martín Lousteau, el golden boy que toma la silla económica que liberó Miguel Peirano. Tanto Lousteau como Graciela Ocaña y Florencio Randazzo son figuras que tienen doble propósito para el oficialismo. Le suministran una cuota de maquillaje juvenil a un gobierno que empieza su segundo período y le procuran puentes, así sea precarios, para trabajar a sectores ajenos u hostiles. Randazzo cuidará que a Daniel Scioli no se le haga el campo orégano en el mapa bonaerense hasta el punto de gozar de excesiva independencia en relación al poder central; Ocaña está pensada para trabajarle el frente interno a Lilita Carrió y abrirle la puerta a eventuales tránsfugas del mismo ARI en donde la próxima ministra supo militar. Lousteau –formado en filas de centroderecha- tiende a ser una coartada (vaya a saberse cuán duradera) para las desviaciones regulatorias, intervencionistas o confiscatorias del oficialismo. Analistas y voceros de la Casa Rosada hacen saber que “el verdadero ministro de Economía ha sido y será Néstor Kirchner”.
En rigor, Kirchner está demostrando que su poder en el dispositivo oficialista seguirá siendo decisivo aunque sea su esposa la que ocupe legalmente el sillón de Rivadavia. Esa suerte de bicefalismo suele generar problemas políticos o institucionales o de ambas categorías.
Hasta en los regímenes de facto esa ambigüedad provoca cortocircuitos. El llamado Proceso lo experimentó con las tensiones entre la Junta de Comandantes y el titular del Ejecutivo. Antes de eso, a principios de los años setenta, la fórmula “Cámpora al gobierno, Perón al poder” se demostró impracticable. Héctor Cámpora, aunque fiel a su jefe, fue presidente merced a la proscripción de Perón y terminó encarnando, involuntariamente, una conjunción de fuerzas que quería prolongar el resultado de esa proscripción y eternizar la lejanía de Perón. Finalmente la realidad impuso su lógica: después de durísimos enfrentamientos, Cámpora debió renunciar para abrir el camino al líder.
A fines de los años cincuenta, Arturo Frondizi sufrió desgaste por muchos motivos; no fue el menor de ellos lo que en aquellos días se definió como “paralelismo” o “gobierno paralelo”. Se le adjudicaban a Rogelio Frigerio un poder y una influencia desmedidas sobre el Presidente electo. Frondizi lo había designado Secretario de Relaciones Económico-Sociales, pero era notorio que Frigerio se había constituido en un auténtico deus ex machina del gobierno. Sólo pudo permanecer en el cargo oficial algo menos de 200 días: el Presidente debió tomar distancia formal obligado por las presiones de la opinión pública y factores de poder.
El propio partido de Frondizi, la UCRI, contribuyó a crear aquel clima, porque se consideraba marginado en las decisiones y en muchos nombramientos de importancia.
Frondizi comparó su relación con Frigerio con la que habían mantenido Franklin Delano Roosevelt y su amigo Harry Hopkins. Probablemente exageraba algo. Hopkins influyó sobre Roosevelt más que Frigerio sobre el presidente argentino; llegó a mudarse a la Casa Blanca y a vivir en ella, en el estudio de Abraham Lincoln, justo bajo los aposentos de Roosevelt, durante tres años y medio. Su presidente le encomendó misiones de alta confidencialidad y le permitió estar presente –fuera de cualquier responsabilidad funcional- en importantes entrevistas de Estado, como un encuentro con Winston Churchill. Hoy algunas corrientes revisionistas, apoyándose en documentos liberados por Rusia, aventuran que Hopkins pudo ser un agente soviético. En su tiempo, la relación con Hopkins tuvo un costo importante para Roosevelt.
Esos antecedentes no implican un vaticinio, pero son sí señales de la complicación política que crea cualquier situación de bicefalismo o de doble comando. Está por verse si el paralelismo conyugal que emerge como producto de la reelección sui generis del 28 de octubre ofrece nuevas lecciones a la historia.

Reelección sin período de gracia

¿Qué opina la presidenta electa sobre el agravado conflicto con la República Oriental del Uruguay?
El silencio de la señora de Kirchner sobre la cuestión no es una evasión: es un programa.
Recitó ese silencio sobre este y otros asuntos durante la campaña y, ya consagrada, lo sostiene con empeño: toda una prueba de consecuencia. La dama sólo se pronuncia sobre asuntos abstractos y lo hace con frases que buscan el asentimiento unánime (“debemos reconstruir el tejido social”, por ejemplo). De los temas materiales se ocupa su otro yo, el esposo presidencial; en esos temas, el silencio de ella equivale a la aprobación de lo que él dice y hace, por sí o por sus ministros o voceros (que serán los de ella, salvo excepciones). Así, la agencia oficial TELAM difundió lo que él quiere que se sepa o se crea de que le dijo a solas a Tabaré Vásquez: “Nos traicionaste. Te pasaste de la raya”. Y el jefe de gabinete de él (y seguramente ministro de ella), Alberto Fernández, aseveró que “el distanciamiento con Uruguay es definitivo”.
Si lo que ocurrirá el 10 de diciembre próximo, cuando él le ponga la banda a su mujer, fuera un cambio de gobierno, esas definiciones tan dramáticas (“traición”, “distanciamiento definitivo”) referidas a una nación socia, vecina, hermana merecerían como mínimo un comentario del mandatario entrante. Sucede que lo que ocurrió el 28 de octubre fue una reelección sui generis (una reelección por interpósita cónyuge) y el 10 de diciembre no se testimoniará un cambio, sino una continuidad.
El silencio de la señora representa, desde ese punto de vista, una economía de recursos: que ella hablase, habiéndolo hecho ya su marido y el gobierno, constituiría una redundancia.
Comprender que –más allá de algunos matices- el escenario del poder es uno de reelección y continuidad ayuda a ubicarse mejor ante el momento. Un gobierno nuevo y distinto generaría expectativas y dispondría del clásico período de gracia que la sociedad le ofrece a toda escoba flamante para que demuestre cómo barre; pero en este caso, aunque se la vista de seda, la misma escoba queda.
En el conflicto por las papeleras -una situación en la que el régimen argentino mezcló largamente la negligencia, la inoperancia y la demagogia- el gobierno de Tabaré Vásquez había pagado en las últimas semanas costos políticos para calmar la ansiedad de la Casa Rosada. Aunque la empresa Botnia ya estaba en condiciones de ser habilitada a principios de octubre, Vásquez demoró el trámite para que la puesta en marcha de la planta no incidiera sobre el proceso electoral argentino. Una semana atrás, cuando ya el comicio había transcurrido, el gobierno uruguayo volvió a postergar la autorización, esta vez para no complicar las cosas en vísperas de la Cumbre Iberoamericana de Chile, en la que estaría presente el monarca español, mediador de buena voluntad entre ambos países. Esta nueva postergación fue muy cuestionada en el país vecino. Vásquez tuvo que asimilar las críticas opositoras que le imputaban haber reculado ante Buenos Aires.
En ese contexto, la actitud de Néstor Kirchner de recibir formalmente en Santiago de Chile una delegación de los asambleístas de Gualeguaychú que han bloqueado sistemáticamente durante casi dos años el puente internacional que une esa ciudad con territorio oriental, fue interpretada por el presidente socialista uruguayo como un gesto de hostilidad. Así, mientras en Chile se desarrollaba la Cumbre, en Montevideo se daba luz verde para que los motores de Botnia se pusieran en funcionamiento.
¿Puede Kirchner seriamente aseverar que Tabaré Vásquez lo “traicionó”? El sobrio presidente oriental, que quizás tendría sus propios motivos para decir algo de ese tenor, optó por la prudencia verbal.
En cualquier caso, en esta rara transición reelectoral, son varios los que emplean la palabra traición. Desde la Federación Agraria Argentina, entidad que agrupa a la pequeña y mediana producción agrícola, se esgrimió el sustantivo para calificar la imposición de nuevas, mayores retenciones a las exportaciones de trigo, girasol, maíz y soja. “Es una medida tomada a traición. No hablaron de esto en la campaña electoral”, dijeron los productores. En muchos pueblos agrarios el voto favoreció al kirchnerismo. Ahora abundan los arrepentidos.
El hecho es que para los productores el gobierno que empieza el 10 de diciembre es la continuidad del actual y la única diferencia que hacen tiene que ver las tácticas que ellos se disponen a emplear. En Carbap, por ejemplo, no quieren gastar pólvora en chimangos: “El paro no se lo vamos a hacer a los que se van. Juntaremos ganas y vamos a tomar medidas después del 10 de diciembre”, anuncian. Más moderados, los dirigentes de la Sociedad Rural afectan creer que la señora de Kirchner reverá la medida cuando asuma. Seguramente saben que eso es muy improbable: el kirchnerismo reelecto no renunciará al recurso de las retenciones cuando tiene que pagar un gasto público creciente y cuando necesitará, más que nunca, recursos no coparticipados de manejo discrecional para tratar de mantener en caja las voluntades de gobernadores e intendentes. De hecho, en la última semana Alberto Fernández utilizó los superpoderes para premiar con dinero de la caja central “redireccionado” decenas de millones hacia un regimiento de alcaldes del conurbano que contribuyeron decisivamente a que la reelección se sustanciara sin necesidad de ballotage y hacia el flamante intendente de la ciudad de Córdoba, un distrito en el que el oficialismo naufragó patéticamente y necesita una tabla para evitar el hundimiento total.
La recalentada tensión con Uruguay y políticas que castigan la inversión y la competitividad, como el incremento de las retenciones, no hacen más que acentuar el aislamiento internacional de la Argentina.
Ese aislamiento tiene consecuencias: a diferencia de países como Brasil, Chile, Méjico, Colombia, Perú o el propio Uruguay, que reciben crecientes flujos de inversión externa, la Argentina retrocede y registra salida más que ingreso de capitales.
Sin inversión las tensiones sociales suelen acrecentarse.
Y lo cierto es que, ante el nuevo período K, los conflictos en proceso no se detienen. Quizás se acentúen. “El pacto social no tiene que ver con los salarios- advirtió Hugo Moyano-; las cuestiones salariales las discute cada gremio con su patronal en las respectivas paritarias”. El gobierno lanzó la idea del pacto social con la intención de evitar que la puja distributiva motorizada por el incremento del costo de vida (el real, no el que declara el INDEC) terminara realimentando la inflación. Es probable que el resultado sea diferente: empieza a observarse que en el movimiento sindical hay pujas y competencias tanto horizontales ( enfrentamientos entre distintos sectores de la conducción) como verticales (choque entre corrientes y comisiones internas de cada sindicato con las respectivas dirigencias de sus organizaciones). En esa dinámica, todos los actores tratan de estar a la cabeza de los reclamos y la moderación cede terreno ante las posturas más radicales. Todos tratan de posicionarse y demostrar fuerza. La atmósfera es de conflicto.
Cuando no hay perspectivas de mediano y largo plazo, cuando prevalecen la mirada corta y las políticas de emparchamiento y oportunismo electoral, la sociedad no ve motivos para postergar demandas o esperar con paciencia los buenos resultados de una estrategia en marcha. La consigna pasa a ser vivir al día; el consumo rápido derrota a la propensión al ahorro. La inversión, sin perspectivas, se repliega. La inflación llama a la puerta e ingresa.
La mayor oposición que enfrenta el kirchnerismo sigue siendo la realidad. Es cierto: los desafíos que ésta le impuso no le impidieron la reelección en octubre; tuvo la suerte o la virtud de contar con la fragmentación de las fuerzas adversarias.
Pero es probable que las condiciones estén cambiando.
En este segundo período el gobierno tendrá que vérselas con un peronismo que quiere revivir (y si lo hace le pondrá límites) y con una opinión pública que se ha divorciado del oficialismo, se resigna apenas a admitir la legalidad de su victoria electoral y no termina de digerir su legitimidad y sus procedimientos poco republicanos.
Como avisa ominosamente el dicho: segundas partes nunca fueron buenas.

¿Isla o archipiélago?

 

ALBERTO FERNANDEZ Y LA CRISPADA FRUSTRACION DEL KIRCHNERISMO
ANTE LAS CLASES MEDIAS URBANAS

El jefe de gabinete Alberto Fernández, mortificado por la nueva derrota sufrida por el oficialismo en la Capital Federal, les advirtió a los porteños que no deben “votar como si fueran una isla”. Mezcla de amenaza y oferta de protección, la frase combina el “Cuídate, muchacho, el frío podría caerte mal” con el “Súmate al grupo, no ejerzas la jactancia de los intelectuales”.
Más allá del estilo, que evoca actuaciones de James Cagney o Edward G. Robinson, lo peor de ese parlamento reside en que se basa en un error. El comportamiento del electorado porteño sólo es comparable a una isla si se admite que la isla forma parte de un enorme archipiélago que revela conductas políticas semejantes: el archipiélago de los grandes centros urbanos. En ese universo de millones de argentinos–el jefe de gabinete lo sabe aunque lo escamotea- lo que es marcadamente minoritario es el voto por el oficialismo. La señora de Kirchner no sólo perdió (“por paliza”, diría su señor esposo) en la Ciudad Autónoma: cayó mucho más catastróficamente en Córdoba capital, por citar un caso. Fue derrotada en Rosario, Mar del Plata, La Plata (la ciudad donde cursó estudios de abogacía y quizás los completó), Bahía Blanca, Río Cuarto. En la ciudad de Buenos Aires recogió el sufragio de un 17,64 por ciento del padrón; en Río Cuarto un 17,75; en Córdoba capital, un 13,02 por ciento. Aún en provincias en las que se impuso, como Mendoza, lo que obtuvo en la ciudad capital (25,08 por ciento del padrón) estuvo muy por debajo de su promedio general y representa a uno de cada cuatro ciudadanos.
Las clases medias de ciudades grandes y medianas del país han expresado claramente, a través de opciones electorales distintas, su divorcio de un gobierno al que, de acuerdo a las encuestas, había sostenido y respaldado durante una etapa anterior. Tanto, que el gobierno había proyectado apoyarse en ellas para dejar atrás sus vínculos con un peronismo al que maltrató, desorganizó y anestesió. En unos meses la tortilla se dio vuelta y el oficialismo, como la zorra de la fábula, al ver que ese voto de clase media se le ha tornado inalcanzable, decreta que está aislado, que está verde, que es “gorila”. Mientras la teoría que recita la candidata electa en sus discursos habla de “reconstruir el tejido social”, la praxis del kirchnerismo sigue empeñada en denigrar a quienes no e someten a su facción y en sostener una estrategia de división y enfrentamiento.

Paradojas de un triunfo

KIRCHNERISMO, PERONISMO Y OPINION PUBLICA



Con 8.156.000 sufragios recogidos en todo el país, la candidata oficialista Cristina de Kirchner obtuvo el respaldo de un 29 por ciento del padrón electoral: 2 de cada 7 inscriptos. Esos números le resultaron suficientes para sortear el ballotage porque la ley contabiliza los porcentajes no sobre el total del electorado, sino sobre los votos válidos positivos (es decir, excluidos los anulados y en blanco, que en estos comicios alcanzaron un 6 por ciento) y el ausentismo fue muy alto: sólo votó el 71,47 por ciento de los inscriptos.
Si bien se mira, la victoria obtenida por la primera dama es la coronación de un fracaso. El kirchnerismo, desde el inicio de su gestión, procuró transformarse en expresión de algo nuevo (primero bautizado tarnsversalidad, más tarde concertación), diferenciado del peronismo. Tanto el presidente como su esposa tomaron distancia de las tradiciones y la simbología peronista, y dedicaron a muchos de sus dirigentes palabras y señales de cuestionamiento y desprecio, resumidas en aquellas alusiones a Don Corleone que la primera dama dedicaba dos años atrás a su antiguo benefactor, Eduardo Duhalde, y al denigrado “aparato bonaerense”. Como parte de ese diseño oficialista debe contabilizarse la atmósfera de sospecha y condena con la que, en virtud de sus vínculos con todo el peronismo (sin excluir por cierto el peronismo noventista), se puso en cuarentena al vicepresidente Daniel Scioli, se lo aisló con una burbuja sofocante en la que éste sólo consiguió sobrevivir merced a su imbatible vitalismo.
Montado en el primer período de su administración sobre un fuerte apoyo de la opinión pública (cuyo núcleo decisivo son las clases medias y altas de las grandes ciudades), el kirchnerismo intentaba reconstruir desde arriba una suerte de neo-Alianza mientras, merced a ese respaldo y al manejo discrecional de una caja cuantiosamente nutrida por los ingresos de las exportaciones agrarias, mantenía disciplinado y anestesiado al movimiento justicialista.
¿Fue esa construcción transversal, concertadora y distanciada del peronismo tradicional lo que sostuvo el domingo 28 de octubre la performance electoral de la señora de Kirchner? En modo alguno. Si la candidata oficialista ganó sin necesidad de ballotage fue merced al respaldo de los núcleos duros del peronismo del conurbano (el aparato de los intendentes ex duhaldistas) y de buena parte de los gobernadores peronistas del noroeste. Algunos destellos de renovación interna en ese cuadro no alteran su sentido general. La señora superó su marca general en las comunas gran bonaerenses conducidas por exponentes de aquel “aparato” que supo condenar y en aquellas provincias en las que gobernadores peronistas (a veces hasta hostigados desde la Casa Rosada) aportaron su organización y su clientela. En la provincia de Buenos Aires, por cierto, fue esencial la contribución de Daniel Scioli, que traccionó votos en beneficio del logro sin segunda vuelta de la candidata presidencial.
Si por una parte el respaldo provino de aquello que el gobierno había atacado y lapidado, sucede como complemento que lo que en su tiempo fuera la plataforma desde la que el kirchnerismo pretendía construir su transversalidad –la opinión pública de las ciudades- confirmó el domingo 28 su divorcio del oficialismo, una tendencia que venía observándose desde fines de 2006, cuando el plebiscito misionero frustró las aspiraciones a la reelección perpetua del gobernador Rovira y forzó a Kirchner a tomar medidas de emergencia. Ese deslizamiento se vería consolidado con el triunfo de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, el ARI en Tierra del Fuego (con eje en Ushuaia) y el del socialismo en Rosario y Santa Fé. En estos comicios el kirchnerismo fue derrotado en todas las grandes ciudades. Las clases medias urbanas buscaron distintas herramientas para el mismo objetivo: la más empleada fue la boleta de Elisa Carrió: ella se quedó con la victoria en la ciudad de Buenos Aires (jugó esta vez el papel que Mauricio Macri había desempeñado en las elecciones locales), en Rosario, en La Plata, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, entre otros centros urbanos de importancia. Pero en Córdoba el instrumento elegido fue la boleta de Roberto Lavagna, que ganó la provincia y también la capital provincial, a caballo de un renaciente radicalismo y, sobre todo, del disgusto del peronismo cordobés con el kirchnerismo, expresado públicamente por el gobernador José Manuel De la Sota antes de los comicios.
El retroceso marcado del oficialismo en el mundo de las clases medias urbanas talvez se resuma en la performance porteña de Daniel Filmus, el candidato a senador kirchnerista, que el domingo 28 obtuvo menos votos y un porcentaje menor que en la primera vuelta de los comicios locales de cuatro meses atrás, cuando se postulaba a Jefe de Gobierno. Otro dato: en la provincia de Mendoza la señora de Kirchner, apoyada por el llamado “radicalismo K” gobernante y también por un sector del peronismo, superó el 60 por ciento. Pero en la ciudad capital de Mendoza, aquel porcentaje se derrumbó al 36 por ciento.
El notorio, sostenido en el tiempo y probablemente definitivo divorcio entre el kirchnerismo y las clases medias urbanas es un dato significativo. Sin el respaldo de estos sectores el oficialismo pierde un instrumento que le había resultado esencial para ordenar el peronismo. Lo pierde precisamente en el momento en que crece su dependencia del peronismo y cuando esa dependencia se vuelve muy notoria para los justicialistas. La señora de Kirchner probablemente se verá forzada a desandar su camino de diferenciación y la reorganización democrática del peronismo –y, obvio, la lucha por su conducción- se convertirá en un tema central de la agenda política. La construcción desplegada por los hermanos Rodríguez Saa, Carlos Menem y Ramón Puerta, más allá de los resultados electorales obtenidos, debe ser vista en esa perspectiva, lo mismo que los pronunciamientos públicos de De la Sota y los discretos movimientos de Juan Carlos Romero y Rubén Marín o los aprestos que se observan en sectores del movimiento obrero.
La doctora Elisa Carrió, que en su discurso de la madrugada del lunes 29 pareció despedirse de futuras candidaturas (aunque nunca se sabe), consiguió expresar en estos comicios a sectores heterogéneos de las clases medias, principalmente urbanos, pero también de comunidades rurales más pequeñas. De hecho, triunfó en tres secciones electorales bonaerenses. Procuró para la Coalición Cívica que encabezó una interesante plataforma legislativa y de influencias locales (municipios, legislaturas provinciales) que ahora habrá que ver si consigue sostenerse en el tiempo.
El oficialismo debe ahora digerir esta rara victoria que testimonia el fracaso de una opción política y prepararse para cargar con sus efectos, así como con las consecuencias de las políticas públicas aplicadas durante cuatro años, con tantas cuestiones ocultas bajo la alfombra. Es el precio del éxito.

Del desapego cívico al renacimiento de la política

(publicado en La Capital de Mar del Plata el 281007)
¿Asiste la Argentina a un espontáneo movimiento de rebelión cívica? La noticia de que miles de ciudadanos rechazaron la carga pública de ser autoridades de mesa en las elecciones presidenciales induce a pensar en algo más sanguíneo que la mera apatía o el desapego; una actitud de esa naturaleza, que afronta el riesgo de sanciones (aunque exista todo el derecho al escepticismo sobre la capacidad punitiva del Estado en estos casos) y que es compartida por tantas personas, hace pensar en una demostración social de decepción sobre la naturaleza del comicio en trámite y una prueba sintomática de desconfianza en el sistema institucional de autoridad. Si se quiere, parecería un coletazo tardío del “que se vayan todos” que se extendió en la crisis del año 2001.
Si efectivamente este amplio movimiento de rechazo a la carga pública es la espuma de una ola mayor que estaría discurriendo por debajo, habría que prever que el fenómeno se manifieste en la elección del domingo 28 bajo diversas formas, desde el ausentismo hasta el voto negativo.
Si, como hacen los detectives de la novela negra, se preguntase a quién beneficia electoralmente una tendencia de esa naturaleza, la respuesta sería sencilla y rápida: a la candidata del gobierno, a la señora de Kirchner. ¿Por qué? Porque, como a los efectos de aplicar las normas sobre ballotage lo que se toma en cuenta son porcentajes de votos positivos emitidos, un candidato incrementa su porcentaje no sólo por cada nuevo voto que recibe, sino por cada persona que no concurre a votar o por cada una que lo hace en blanco o que anula el sufragio.
Y este dato es muy importante para la esposa del presidente, porque –habida cuenta de la atomización de los opositores- lo que ella necesita para evitarse una segunda vuelta es superar el 40 por ciento de los votos positivos emitidos (así eso represente el 30 por ciento del padrón).
Justamente porque la señora de Kirchner aparece como principal beneficiaria potencial de la ola de apatía, desapego y desinterés electoral muchas mentes suspicaces han creído que esos sentimientos no son obra de la casualidad, sino que han sido meticulosamente promovidos por el oficialismo. Citan como aval de esas hipótesis conspirativas un hecho indiscutible: el gobierno dedicó muchos meses a imponer en el ánimo público la idea de que el oficialismo tenía asegurada la victoria y que la reelección del kirchnerismo por interpósita cónyuge ya estaba dictaminada por el Destino.
Aunque ése, efectivamente, haya sido el comportamiento del gobierno, no basta con tal dato para establecerlo como causa única o principal del desinterés electoral o el rechazo a las cargas públicas.
Sobre este último punto, otras hipótesis conspirativas imaginan que, en rigor, no habría habido tal rechazo, sino que muchísimas de las personas sorteadas para presidir mesas comiciales nunca recibieron las citaciones, por ineficiencia o designio del Correo Argentino, encargado de los envíos. Estas conjeturas abundan en evocaciones sobre el dudoso papel jugado por esta empresa reestatizada en la crisis electoral cordobesa y sobre las acusaciones de complicidad en maniobras de fraude que lanzó entonces contra ella el candidato independiente Luis Juez.
Como se ve, unas sospechas se apoyan en otras, y algunas contradicen a otras. Lo significativo quizás sea que la atmósfera de indiferencia y los síntomas de rebeldía aparezcan acompañados por la sospecha.
La oposición, que no se caracterizó por su propensión asociativa en este proceso, coincidió sí en establecer una red de cooperación para preservarse colectivamente de eventuales maniobras del oficialismo. La sospecha, una vez más, aparece como motor de comportamientos políticos.
En cualquier caso, hay apenas unas horas de distancia hasta que las urnas ofrezcan su resultado. Después de ese trámite se inicia un nuevo capítulo.
Si se confirmaran las encuestas publicadas (que casi unánimemente le adjudican el triunfo sin necesidad de ballotage a la primera dama), ese capítulo es, si se quiere, el inicio de una secuela: los mismos personajes, con leves cambios de roles, continúan tratando de hacer lo mismo, sólo que probablemente en circunstancias nuevas.
¿Dónde está la novedad? En varios campos. El gobierno del doctor Kirchner se benefició con una situación internacional excepcional que podría estar cambiando un poco a partir de la llamada crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Pero, más allá de ese importantísimo factor, en el plano interno fue premiado por una doble circunstancia: de un lado, tomaba un país que, a raíz de la crisis legada por el gobierno de la Alianza, producía muchísimo menos de lo que posibilitaba su capacidad instalada fortalecida con las grandes inversiones de la década del 90; además, sus logros se comparaban con uno de los momentos más bajos de las series productivas y distributivas. El rebote económica lucía más y mejor en esas circunstancias.
Quien suceda a Kirchner se debe hacer cargo del hecho de que la inversión durante los años de este gobierno fue baja y de calidad irregular (muy impregnada por el peso estadístico de la construcción y los teléfonos celulares) y de que las empresas están trabajando al límite de la capacidad instalada. En cuanto a la inversión extranjera, el retroceso es dramático.
Otros hechos: la inflación es un dato de la realidad, por más que la señora de Kirchner prefiera creerle a las cifras dibujadas del INDEC. Las pujas distributivas se acentuarán y en ese paisaje habrá que hacerse cargo de temas que Kirchner barrió bajo la alfombra durante todo su período, como la actualización de las tarifas.
En el plano político, el gobierno de Kirchner concluye con dos datos que deberían preocuparlo tanto como a su señora esposa: parece consumado el divorcio del kirchnerismo con las clases medias de las grandes ciudades, una tendencia que empezó a revelarse un año atrás en el plebiscito misionero y que se manifestó luego en la Capital Federal, en Rosario, en Santa Fé…
Fue en esa clase media donde Kirchner encontró apoyo durante sus primeros años de gestión y fueron las encuestas que mostraban ese respaldo el instrumento que Kirchner empleó para disciplinar al peronismo. Ahora, mientras se evapora el respaldo de opinión pública, empieza a desperezarse el peronismo. Más allá de los votos que recaude la candidatura de Alberto Rodríguez Saa el 28 de octubre, ya se observa la tendencia a actuar críticamente de hombres como José Manuel De la Sota (que no esperó a los comicios presidenciales para cuestionar) y otros gobernadores salientes que se preparan para reconstruir el justicialismo, el más numeroso de los partidos políticos argentinos, pero sólo uno más de los que la crisis y algunas acciones deliberadas han maniatado e inmovilizado en momentos en que el país más los necesita vivos y sensibles para reconstruir la política, las instituciones y los vínculos con un mundo que cada vez nos ve más lejos.
Habrá que ver si el desapego y la rebeldía cívica son el epílogo de una dercadencia o el preámbulo de un renacimiento.

“No es una casualidad”

Casi exactamente un año después, Néstor Kirchner volvió a emplear la misma frase: “No es una casualidad”. En 2006 la usó para argumentar acerca de los incidentes y tiroteos ocurridos en San Vicente, en un homenaje funerario a Juan Perón. Ahora lo hizo para comentar la carnicería ocurrida el viernes 19 de octubre en una zona campestre cercana La Plata, en un local técnico de la Policía bonaerense, que concluyó con el asesinato brutal de tres jóvenes funcionarios de la institución.
“No fue casual”, dijo Kirchner. Ciertamente no lo fue, aunque el Presidente prefirió atribuir el hecho a alguna maniobra conspirativa contra su gobierno o a represalias por “la política que llevamos adelante en materia de derechos humanos”. Intentó así sacar algún rédito de la masacre precisamente en momentos en que Daniel Scioli, el candidato oficialista a la gobernación bonaerense, sostenía que “no hay espacio para aprovechamientos políticos sobre la sangre de tres servidores públicos”.
Un año atrás, los enfrentamientos y desbordes se produjeron en un acto en el que el gobierno decidió no emplear los recursos institucionales de orden y seguridad.
Si bien puede discutirse sobre las causas de la masacre del viernes 19 –las autoridades sólo manejan conjeturas por el momento- lo que parece indudable es que ella se inscribe en el dramático cuadro de inseguridad que la opinión pública ha colocado al tope de sus inquietudes y que los funcionarios nacionales y provinciales han insistido en traducir como mera “sensación térmica” de la sociedad, como una impresión que no se corresponde con la realidad. Recuérdense las abundantes declaraciones en ese sentido del ministro de seguridad de Kirchner, Aníbal Fernández, y de su colega de La Plata, León Arslanián. Para los habitantes de la Capital Federal y los de la provincia de Buenos Aires esa “sensación” es la realidad con la que se convive cotidianamente y los secuestros, las violaciones, los robos y los asesinatos no son alucinaciones, sino hechos. Y hechos que se producen por la ineficacia o por la renuencia ideológica del oficialismo a tomar medidas. La sociedad espera de los gobernantes que repriman el delito para no tener que soportar el creciente control del espacio público por parte de la delincuencia, para que no sean los ciudadanos los que deban vivir detrás de rejas.
¿Hay un programa del oficialismo sobre este punto, que encabeza la agenda de las preocupaciones públicas? No lo hay. Y esto debe interpretarse como la decisión implícita de mantener la actual ausencia de política…que es una política.
Los hospitales dan cuenta del incremento permanente y acelerado de los casos graves de intoxicación con drogas de adolescentes y jóvenes; en dos semanas se repitieron casos fatales por uso de las llamadas drogas de diseño y constantemente –aunque con menos difusión- se registran hechos semejantes determinados por el uso de paco. En un caso el consumo afecta a jóvenes de clase media y alta; el paco se emplea en ambientes más pobres. Se vende en locales bailables, en las proximidades de las escuelas, en los barrios: una red cada vez más densa va envolviendo al país y no hace falta imaginación para prever cómo se desarrollan estos fenómenos: alcanza con mirar lo que sucede en ciudades que ya pasaron por esta etapa: Río de Janeiro, San Pablo, Lima, Cali, Bogotá…Lo que no se vé aquí es la acción de las autoridades para desbaratar ese negocio criminal que golpea principalmente a los jóvenes y que horada las familias y las comunidades.
Las guerras de bandas ya han empezado a desarrollar en barriadas porteñas y granbonaerenses. En Río y San Pablo, el Comando Vermelho y el llamado Primer Comando de la Capital han mostrado su capacidad de copar fragmentos de las ciudades, lanzan ataques simultáneos contra comisarías y fuerzas de seguridad, queman medios de transporte y muestran asiduamente su poder, obligan a las autoridades a negociar con ellos e imponen su ley en muchas zonas. Las guerras de bandas son frecuentes y a menudo concluyen en pactos federativos destinados a coordinar acciones de hostigamiento a las fuerzas legales. El presidente Lula Da Silva no dudó en convocar a las fuerzas armadas para dar batallas contra la delincuencia organizada y reprimirla. Aquí lo que prevalece en el gobierno es, para decirlo con las precisas palabras de Joaquín Morales Solá en La Nación, “el temor a aparecer excesivamente represor del delito ante sectores políticos que lo rodean”.
En esas condiciones en materia de seguridad el país transita las vísperas de la elección.
El gobierno experimentó hasta el sábado 20 al mediodía un suspenso que contribuyó a generar pero que hubieraa no sufrir. Fue por la intervención de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en el ríspido asunto de la aprobación de candidaturas impugnadas por incumplimiento de la Constitución provincial. La que estaba sobre el tapete era la del candidato a gobernador de la alianza macrista, Francisco de Narváez, pero en gateras se encontraba la de Daniel Scioli. En el caso del primero, lo que se cuestionó es que el postulante no cumpliera con la condición constitucional de ser “argentino nativo”. De Narváez nació en Colombia. La candidatura de Scioli ha sido impugnada por otro aparente incumplimiento constitucional: al no ser nativo de la provincia, se le reclaman cinco años de residencia en el distrito con ejercicio de los deberes ciudadanos, algo que Sioli no estaría en condiciones de exhibir.
El tema había sido fallado con la aprobación de las candidaturas por parte de la Cámara Electoral, pero se apeló a la Corte por tratarse de un intríngulis de carácter constitucional, que sólo puede resolver el tribunal superior. Que la Corte decidiera declararse competente a días apenas de la fecha electoral es lo que puso nervioso al oficialismo. “Si los supremos se compraron el pleito a esta altura será porque tienen algo diferente que decir”, decía a esas horas, expresando sus temores, voceros kirchneristas. El gobierno hizo algo desacostumbrado: salió a defender el derecho de De Narváez, un opositor, a ser candidato. “Esto no lo resuelven los jueces, sino los ciudadanos en las urnas”, argumentó el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Por su parte, la señora de Kirchner sostuvo: “Tiene derecho como cualquier argentino de presentarse como candidato a gobernador”. La Justicia no ha aclarado aún las denuncias de que la señora no se recibió efectivamente de abogada en La Plata en la década del 70, pero afirmaciones como esta tienden a darle argumentos a los que piensan que no lo hizo, porque lo cierto es que “cualquier argentino” no puede candidatearse a gobernador de la provincia: se requiere cumplir con varios requisitos constitucionales. Debería ser mayor de edad, argentino nativo, nacido en la provincia o con los años de residencia que la ley exige. Luis Barrionuevo, por caso, al no cumplir esos requisitos, no pudo en su momento ser candidato a gobernador de Catamarca, provincia por la que ya era senador nacional.
La reivindicación de la postulación de Francisco De Narváez por parte de la Casa Rosada y de la primera dama era, obviamente, interesada y preventiva. Lo que Kirchner y señora temían es que se cayera la candidatura de Daniel Scioli, que es la locomotora que tira del tren electoral oficialista en una provincia que representa el 38 por ciento del voto nacional. Curioso bumerán: en esta columna se apuntó, en julio y en agosto, que había kirchneristas interesados en bloquear la candidatura bonaerense del motonauta para impulsarlo a compartir fórmula con la esposa del Presidente: alertados por los encuestadores amigos, querían evitar la comparación de cifras después del escrutinio, porque los estudios previos señalan que Scioli está sacando en el distrito un diez por ciento más de sufragios que la señora. Sin embargo, en vísperas de las urnas, se ha cumplido aquello de que “la necesidad tiene cara de hereje”, y esos mismos sectores se mostraron dispuestos a admitir a Scioli de cualquier forma.
El alivio llegó el sábado, cuando l Corte resolvió –rápdamente- a favor de De Narváez. Porque el mayor temor de los estrategas de la Casa Rosada residía menos en que la candidatura de Scioli fuera bochada por la Corte que en la posibilidad de que el alto tribunal demorase su decisión sobre las candidaturas y dispusiera posponer por unas semanas la elección provincial, divorciándola en el tiempo de los comicios nacionales. En tal caso, la señora de Kirchner se habría visto obligada a zapatear en patas y afrontar las urnas sin la ayuda traccionadora del actual vicepresidente. Fue para evitar semejante riesgo que el kirchnerismo movió todos sus recursos e influencias.
Recursos no le faltan. El frente oficialista ha declarado que gastará 15 millones de pesos en su campaña. Pero, claro, allí no están contabilizados los medios que el gobierno pone a disposición de su candidata, desde los viajes al exterior hasta el uso de helicópteros, palcos y aparato de medios oficiales. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, la colaboración de Diego Maradona? El crack tiene compromisos de distinta índole con dos capitales amigas del kirchnerismo, La Habana y Caracas, y los cumple como un profesional. Así, El 10 salió a pedir el voto para Cristina Kirchner. Pero como se trata de Maradona –esto es: un tipo con antenas ultrasensibles para captar el sentimiento popular- respaldó a la primera dama con una frase que a ella probablemente no le cayó bien: “Vótenla… aunque no la quieran”. Maradona es amigo de sus amigos, pero no quiere ser enemigo de la verdad.

Los indecisos empatan con la Señora de Kirchner

Los estudios demoscópicos sobre la elección presidencial difundidos a fines de septiembre registraban un importante número de indecisos, ciudadanos que no han definido aún su voto o que deciden no confesárselo a los encuestadores. En aquella ocasión –una quincena atrás- se hablaba de alrededor de un 23 por ciento. El 12 de octubre un prestigioso analista confesaba a esta columna que el número actual de indecisos no se ha reducido, sino todo lo contrario: “Ahora representan un 32 por ciento. Y el doble entre los jóvenes que votan por primera vez”.
Comprometido por un contrato de exclusividad, el experto evitó introducirse en otras cifras, aunque admitió que el incremento de los indecisos se refleja en el retroceso de las marcas previas de algunos candidatos, principalmente la postulante oficialista, Cristina Kirchner. “Los indecisos casi empatan con la candidata del gobierno”.
Es quizás esa información la que impulsa la nerviosa conducta del gobierno y su frenética pulsión repartidora, tendiente a ofrecer beneficios económicos preelectorales a Troche y Moche. Pese a que el oficialismo difunde la idea de que la elección ya está decidida y sugiere que la primera dama tiene una ventaja que le garantiza la victoria en primera vuelta, su nervioso comportamiento contradice esas seguridades.
Por cierto, si uno de cada tres votantes no tiene aún definida su preferencia, sólo un rapto de arrogancia o alguna presunta astucia propagandística podría sostener que la elección está ya decidida.
Hablar desde hipotéticas alturas y amplísimas (aunque conjeturales) ventajas le sirve al oficialismo como coartada. La señora de Kirchner no responde a entrevistas de la prensa ni discute por TV con sus competidores. Su dudoso lema es: “el que va ganando no debate”. Pocos políticos comparten esa consigna en el mundo occidental, si es que alguno lo hace. El compañero de fórmula de la candidata de la Casa Rosada –el radical K y gobernador de Mendoza Julio Cleto Cobos- había prometido participar en un debate de candidatos a vicepresidente, pero fue conminado por la Señora a faltar a su palabra. Lógico: si Cobos debatía, las ausencias de la esposa de Kirchner se hubieran revelado sin apelación alguna como una fuga defensiva, antes que como la soberbia actitud de un triunfador que devalúa a sus adversarios. Cobos demostró gran velocidad para responder a las consignas de su poderosa cabeza de binomio, lo cual lo dibuja con nitidez ante el electorado.
La Señora, entretanto, si quiere reanimar al electorado perplejo que parece estar retrocediendo hacia la indefinición, haría bien en describir con claridad sus propias ideas sobre temas centrales. La primera dama, más allá de discursos generales, no ofrece claridad sobre su programa. Ha dejado de lado las primeras ideas sobre “cambio” y parece inclinarse por la idea de continuismo.
Por ejemplo, el programa económico que alcanza a deducirse de sus escasas, imprecisas definiciones públicas es la reincidencia en el llamado “modelo productivo”, instaurado a partir de la devaluación de principios de 2002. Ese modelo ha consistido en el castigo al trabajo y a los sectores competitivos, la concentración de tributos y atribuciones en el Estado Nacional en detrimento de provincias y municipios (con la correlativa dependencia de estos de los aportes discrecionales de la caja central) y el subsidio a los sectores de productividad más rezagada.
A través de ese “modelo” el gobierno nacional ha dispuesto de recursos por miles de millones de dólares con los que ha beneficiado a empresarios privados (como los del transporte y la construcción o productores de espectáculos) y ha financiado obra pública sospechosamente sobrevaluada (según el gobernador de San Luis, en afirmación reiterada y nunca desmentida, la Nación paga varias veces más que su provincia por cada kilómetro de autopista; Roberto Lavagna fue cesanteado por Néstor Kirchner en el momento en que denunció en público las sobrevaluaciones).
Más allá de la intrínseca inequidad de ese llamado “modelo”, y de las ventanas de oportunidad de corrupción que abre (las preveía el viejo refrán sobre “el que parte y reparte…”), la pregunta que conviene hacerse es si será posible sostener una política fiscal dispendiosa en las condiciones en que asumirá el próximo gobierno, y cuando ya resultan inocultables sus consecuencias inflacionarias y hostiles a la inversión.
La posibilidad de succionar recursos a los sectores exportadores competitivos a través de las retenciones, que en el origen fue justificada por los elevados beneficios cambiarios emanados de la devaluación (política de dólar alto sostenida luego artificialmente desde el Banco Central), se va diluyendo cuando la inflación que el gobierno no sólo es impotente para contener, sino que alimenta con sus decisiones, erosiona decisivamente aquella diferencia cambiaria.
Por otra parte, el recurso favorito de este gobierno, el subsidio, tiene el efecto de distorsionar los precios relativos y la asignación de los recursos, promoviendo actividades escasamente sustentables, atrayendo a ellas las inversiones y ahuyentándolos de las competitivas.
Cuando el beneficiado es el consumo –un mecanismo que el gobierno ha empleado siempre, y muy especialmente en estas vísperas electorales- el resultado es un estímulo a la demanda y un agravamiento de la escasez: véase el caso de la energía.
Subsidios y regulación bajo la sombrilla de un “pacto social” a la Gelbard parecen instrumentos escasos y maltrechos para encarar la turbulenta etapa que se abre tras cuatro años de Kirchner. Ni las empresas, ni los inversores ni los sindicatos, ni los trabajadores parecen excesivamente dispuestos a dejarse contener en ese molde.
Mientras se acerca la cita con el cuarto oscuro vale la pena pensar en estos asuntos, una vía parallegar a las urnas con más decisión que indecisión.

Ofensiva del chavismo mediático

El siguiente artículo, escrito por Andrés Gauffin, fue publicado por la interesantísima página salteña www.iruya.com el domingo 7 de octubre de 2007.

Las carreras de Comunicaciones Sociales de la Argentina ya no deberían preparar periodistas que investiguen e informen sobre el poder político, sino comunicadores cuya principal objetivo sería hacerles una guerra a los medios de comunicación. Deberían formar profesionales a los que no interese criticar al gobierno cuando miente con los índices de inflación, sino escarchar a cualquier medio que se le ocurra dudar de las “perfectas” cifras del Indek.
Durante los tres días de la Bienal de Comunicaciones realizada en Córdoba hasta el 28 de septiembre pasado, decenas de conferencistas, panelistas, profesores y estudiantes reflexionaron sobre “Movimientos sociales y medios en la consolidación de las democracias” – esa era su temática- en un clima de ideas casi unánime que expresó espectacularmente José Ignacio Ramonet en su conferencia de cierre.
En el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba y aclamado por centenares de estudiantes, profesores y comunicadores, el autor de “La tiranía de la comunicación” concluyó el Congreso con su conocida propuesta de creación de observatorios de medios, una forma de contrarrestar ya no el “cuarto poder”, tal cual se describió alguna vez a la prensa, sino el “segundo poder”, tal como Ramonet prefiere caracterizar a los medios.
Si el objetivo de la VI Bienal Iberoamericana de Comunicación era reflexionar sobre el ambiguo tema de los “movimientos sociales y medios en la consolidación de las democracias”, la mayoría de los participantes –Ramonet incluido- llegaron a Córdoba con la conclusión de que los medios no sólo son el principal obstáculo para la consolidación de las democracias en América latina, sino que ejercen una verdadera tiranía sobre los habitantes de esta parte del hemisferio sur.
De allí el llamado explícito de Ramonet para librarles una guerra, en una conferencia en que no ahorró términos bélicos para hacerlo.
Si en su momento la Iglesia Católica había funcionado como soporte ideológico de la conquista de América, reflexionó allí el director de Le Monde Diplomatique, ahora los medios hacen de aparato ideológico de la globalización financiera: la prueba, aseguró, está en las guerras que libran los medios contra las democracias de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Así, la Bienal cordobesa empalmó de lleno con el mensaje que había dado Hugo Chávez en Uruguay, cuando en los medios argentinos aparecían las noticias del ingreso del venezolano Antonini Wilson –vinculado a PDVSA- con una valija repleta de dólares. “El principal problema de América latina son los medios” dijo entonces el comandante, mientras se negaba a dar alguna respuesta a la pregunta de los periodistas.
Mundo paradójico, en la universidad cordobesa se demonizó a los medios –de un modo monocorde, rutinario y ritual- en estrados prolijamente adornados por carteles que anunciaban la esponzorización del Congreso por radio Mitre, de Córdoba, y por Telecom, con su conocido logo que anuncia la aurora de la globalización. Y en entrevistas que se difundían en un diario de la Bienal editado “gracias al aporte de La Voz del Interior”.
Dada la ausencia de una mínima definición del término “medio”, en un Congreso que paradójicamente se había propuesto reflexionar sobre esa realidad, en su crítica generalizada cayeron desde la CNN hasta una radio de pueblo, pasando obviamente por el diario cordobés o la multinacional francesa, o un ignoto sitio de información.
Era lógico entonces que, en simultáneo planearan durante Bienal imágenes implícitas y explícitas de la figura del periodista, la más fuerte tal vez aquella que –en base a la comparación con la conquista de América- le convirtió en una especie de agente ideológico de la globalización, un neo sacerdote que abre paso a la dominación ya no de la España Imperial, sino del poder financiero internacional sobre América latina.
Tal vez haya sido esa la razón de fondo por la que ni el autor de “24 horas con Fidel” ni los organizadores del Congreso hayan mencionado una vez a los periodistas encarcelados en Cuba por querer expresar públicamente sus opiniones. Se trataría, usando la terminología de la filósofa Isabel Rauber –docente de la Universidad de La Habana que también formó parte de un panel-, sólo de agentes de la dominación cultural que facilitan la dominación económica.
Por el contrario, se incluyó entre los panelistas a Pedro de la Hoz, periodista de Granma, quien se quejó de que los medios impongan la agenda de noticias, aunque obviamente no opinó que sea el caso del órgano oficial del Partido Comunista cubano.
De todos modos, los organizadores incluyeron a un periodista de la vieja usanza entre los panelistas. El cordobés Jorge Martínez tomó la vieja actitud periodística de criticar el poder político y de requerirle información. “Ningún funcionario da conferencias de prensa”, dijo y casi de inmediato fue corregido por Mario Wainfeld. Lo grave, dijo el periodista de Página 12, no es que un presidente como Kirchner no de conferencias de prensa, sino que les haya renovado las licencias de los canales de televisión.
Volvían así a ponerse las cosas en su lugar: el Congreso no se había hecho para formar e incentivar a los periodistas a criticar el poder político, sino para animar a futuros comunicadores a demonizar a los medios.
De esta manera, la reconversión del periodista propuesta en la Bienal cordobesa estaría ejemplificada en la parábola hecha por el colega de Wainfeld, Horacio Verbitsky: de periodista que investigaba lo que hacía el poder político en la década del 90, a un denunciador, del 2003 en adelante, de las “operaciones de los medios” cada vez que estos coinciden a criticar algún aspecto de la gestión del gobierno.
Un buen comunicador, de acuerdo al manual de la Bienal, no debería por ejemplo siquiera pensar porqué si el kilo de tomate llegó a los 12 pesos y el de la papa a ya 4, el Indek dice que la inflación mensual es menor al 1%. Por el contrario, debería dedicarse a criticar a los medios que tienen la pretensión de poner en duda los índices oficiales porque en realidad estarían sólo oficiando como agentes encubiertos del poder financiero internacional.
Tal la extraña lucidez que han visto los comunicadores de la Universidad cordobesa en Ramonet, al que otorgaron el título de doctor honoris causa.
Si el Congreso se había abierto con un llamado de Eric Calcagno a revalorizar la política, con el correr de las horas de la Bienal parecía quedar en claro que los comunicadores no debían ya siquiera mirar el poder político. Si el embajador de Francia denunciaba los totems y los tabúes de los 90, enseguida la Bienal hacía converger en una palabra que nunca definió –medios- todos los males de América latina.
Total y desembozadamente armónico con los intereses del gobierno de Chávez, el paradigma de Ramonet no tiende tanto a levantar un contrapoder contra la globalización, como concentrar aún más el poder político del presidente venezolano, descalificando cualquier medio –no sólo televisivo, sino también radial, escrito, digital- que tenga la osadía de hacer crítica desde una posición autónoma del poder oficial.
Siguiendo sus visiones –tanto más atrayentes cuanto más simplistas- en Salta los comunicadores deberían poner en la misma bolsa a El Tribuno, Canal 11, FM Noticias, Saltalibre.net e Iruya.com. y criticarlos como si fueran agentes de la globalización, pero de ninguna manera dedicarse a investigar y a criticar lo que hace el poder público. Gustoso, el gobernador Juan Carlos Romero o su sucesor nombrarían a Ramonet secretario de Prensa de la Provincia y hasta le otorgarían un premio.
En la misma línea de la Bienal que parecía haber sido puesta por el propio Chávez, el debate sobre medios y derechos humanos pareció convertir a los miles de secuestrados, torturados y asesinados de la dictadura, más en víctimas de los medios de comunicación de entonces que de un Estado terrorista que sometió también al periodismo.
Matices de la memoria, subrayar que los miles de desaparecidos fueron víctimas de un Estado terrorista no hubiera sido del todo cómodo para unos panelistas y conferencistas que –como el mismo Ramonet- utilizaron la Bienal para llamar al Estado –presentado eso sí como benévolo por sí mismo- a regular la actividad periodística.
Dispuestos a mirar el pasado con el exclusivo propósito de justificar proyectos políticos del presente bolivariano, cualquier participante del Congreso pudo concluir que si la libertad de expresión fue conculcada en los 70, fue por culpa de los medios y no de un Estado que se había apropiado de todos los poderes.
Con este pasado “ad-hoc” de trasfondo, Wainfeld pudo convocar a un papel más activo del Estado en la regulación de los medios sin precisar demasiado qué alcance podía tener su propuesta. Norma Morandini tal vez fue más explícita. En el mismo panel en que Aram Aharonián –director del canal Telesur creado por Chávez- justificaba la no renovación de la licencia de RCTVE, la periodista cordobesa dijo que los “medios son una concesión del Estado”. ¿Estaría diciendo que un diario, por ejemplo, o un sitio de información en la red también son concesiones del Estado? ¿Y que antes de opinar uno tendría que obtener un permiso de algún funcionario nacional?
Por supuesto que Wainfeld, Morandini, Aharonián, o el mismo Ramonet, piensan que sólo un Estado democrático puede regular la actividad de los medios, pero evitan tratar con un mínimo de espíritu crítico el poder estatal que están justificando o convocando. Hipercrítico con los medios e inocentemente crédulos con presidentes como Chávez: este fue el paradigma consagrado como una apoteosis, en el pabellón de la universdad cordobesa.
Lejos, muy lejos, quedó el pensamiento de un pensador como Alexis de Tocqueville que advertía, en el siglo XIX, que si se quiere respetar la soberanía del pueblo es necesario reconocerle la capacidad de escoger entre diferentes opiniones, por lo que el voto universal y la libertad de prensa son enteramente correlativas.
Y que advertía que los estados democráticos podían llevar a los hombres hacia la independencia o hacia la esclavitud. En esta última caso, a través de un camino largo y secreto, por el que se eleva un poder inmenso y tutelar, “absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno” que trabaja en la felicidad de los ciudadanos, pero que pretende ser el único agente y árbitro de ella. Que provee a su seguridad y a sus necesidades y “se lamenta de no poder evitarles el trabajo de pensar y la pena de vivir”.
Contra esa construcción silenciosa pero avasalladora de la omnipotencia de un poder, Tocqueville no veía institución más adecuada que la prensa libre.
“Para garantizar la independencia personal de los hombres, no confío en las grandes asambleas políticas, en las prerrogativas parlamentarias, ni en que se proclame la soberanía del pueblo. Todas estas cosas se concilian hasta cierto punto con la servidumbre individual, mas esta esclavitud no puede ser completa, si la prensa es libre. La prensa es, por excelencia, el instrumento democrático de la libertad”.

Elecciones, indiferencia, crisis

¿Alguien siente el clima electoral?
Por el momento, a tres domingos de la cita con las urnas, los argentinos no parecen atraídos en demasía por el deber cívico. Quizás contribuya a ese desinterés la circunstancia de que no se intuye, al menos en esta instancia de octubre, un enfrentamiento de fuerzas simétricas, una polarización.
En una entrevista que publicó hace pocos días La Nación, la politóloga belga Chantal Mouffe adviertió sobre la ausencia de debate político, sobre la necesidad de que la política encarne pasiones e identidades fuertes: “Hay que reconocer que existe una dimensión antagónica en la sociedad”, señaló la analista y sugierió la necesidad de “crear las instituciones y las prácticas que la encaucen”.
La anodina y desigual campaña en marcha – cuantiosos recursos concentrados en un polo, fuerzas dispersas y débiles del otro; ausencia de ideas vigorosas y de voluntad polémica en todas partes- determina la indiferencia generalizada que se puede registrar, al menos hasta estos días, en relación con los comicios.
En cualquier caso, conviene recordar que no hay una, sino dos competencias en marcha: una, con primera fecha de cierre dentro de tres semanas.
Es esa puja electoral en la que –aseguran las encuestas- el resultado será un tranquilo triunfo oficialista que hará innecesario el procedimiento del ballotage.
No obstante, para ubicar las cosas en su sitio tampoco debe olvidarse que esas encuestas están facturadas –salvo alguna excepción – por las mismas empresas de opinión pública que habían profetizado victorias holgadas del oficialismo radical en Chaco (donde finalmente triunfó una gran coalición centrada en el peronismo y liderada por Jorge Milton Capitanich); también habían asegurado al gobernador santafesino Jorge Obeid que Rafael Bielsa llegaría a un virtual empate en Santa Fé, aunque lo que éste obtuvo fue una derrota que lo obligó a un nuevo mea culpa. Las encuestas también adivinaron mal en Córdoba: allí daban por garantizada una amplia ventaja de Juan Schiaretti sobre Luis Juez y al día de hoy no está resuelto el intríngulis del conteo de votos para dirimir lo que resultó un dramático empate entre ambos. Un poco más atrás aún, las encuestas habían augurado el triunfo de Carlos Rovira y su propuesta de reelección perpetua en la provincia de Misiones. Pero Rovira perdió por mucho y ese proyecto no sólo concluyó en fracaso sino que determinó el fin de otras ilusiones reeleccionistas y cambios fuertes en el diseño electoral que preparaba el gobierno.
En fin: las encuestas no son palabra santa.
Los propios gurúes demoscópicos admiten que la opinión pública muchas veces engaña a los encuestadotes y otras tantas se encuentra en tal estado de volatilidad, que es demasiado vidrioso aventurar sus movimientos.
De hecho, las últimas encuestas divulgadas registran la indefinición explícita de una cuarta parte del electorado, un segmento tan amplio que puede convertir su perplejidad actual en un arbitraje que determine si hay o no segunda vuelta y quiénes participan en ella. Así, pues, la competencia electoral -Oficialismo vs. Opositores-, en los aprontes aparece deslizándose en beneficio del gobierno...aunque los aprontes están muy cuestionados.
Pero hay –decíamos- una segunda competencia, en la que el oficialismo se enfrenta con la realidad, un plano en el que este gobierno y el que lo suceda deberán afrontar retos que son sumamente exigentes.
Contabilicemos algunos.
• La Argentina está aislada en un mundo en el que el crecimiento aparece vinculado a la asociatividad política y la integración económica mundial. Las oportunidades fotográficas que el oficialismo se compró para adornar la campaña electoral de la señora de Kirchner durante la reciente gira neoyorquina no son un remedio al aislamiento, sino más bien su confirmación. Una foto con el ex presidente Bill Clinton no es sustituto de una política externa.
• Improvisación en materia de política externa.El gobierno está mostrando con sus actos que debe corregir sobre la marcha consecuencias de sus propias decisiones anteriores. Así como, en el plano interno, la necesidad de reforzar su anemia electoral lo ha llevado a transformar a Daniel Scioli de esqueleto en el placard a gran esperanza blanca, así ha tenido que tomar distancia, por interpósita persona, de sus amigos regionales –el comandante Chavez y Evo Morales, aliados del régimen de Teherán-, al formular un reclamo judicial al gobierno iraní en la sede de las Naciones Unidas y solicitarle a la institución mundial que "exija" a Teherán su colaboración con la Justicia argentina. El oficialismo aplica así, una vez más, por imperio de necesidades domésticas, la política del tero: mientras despotrica por izquierda contra los Estados Unidos, aporta una pieza que puede ser importante en los movimientos occidentales de contención del régimen iraní, aunque se expresa con suma cautela sobre la naturaleza de la política que ese régimen impulsa. Esas picardías ni componen una política exterior ni testimonian coherencia.
• Subsistencia de la tensión con Uruguay. Movimientos electorales oportunistas impulsaron, dos años atrás, que se elevara hasta un punto crítico la temperatura de la relación con Uruguay por el tema de las papeleras. El próximo gobierno heredará un pleito irracional con el país amigo y deberá darle satisfacciones a la preocupada comunidad de Gualeguaychú, que hoy se siente usada y abandonada.
• Otra consecuencia de la improvisación. El gobierno denunció ruidosamente, pocas semanas atrás, un tratado de cooperación en materia de hidrocarburos con Gran Bretaña suscripto durante el gobierno de Carlos Menem que, en el marco de un alambicado plexo jurídico, representaba para Londres el compromiso de que cualquier explotación petrolera en las aguas malvinenses, que nuestro país reclama y Gran Bretaña controla, debía devengar tributos al Estado argentino. El gobierno repudió ese tratado en vísperas de que Londres anunciara –acaba de hacerlo- que estudia una extensión de sus controles marítimos en la zona y se dispone a la paralela explotación de hidrocarburos. Así, el gobierno termina facilitando que la usurpación tenga un problema menos que resolver: el la gestualidad crispada se traduce en una renuncia a exigir los derechos que estaban pactados. Palabras altisonantes para hechos que debilitan la posición nacional. He allí otra prueba patética de aislamiento.
• La huida de capitales y la reticencia de la inversión externa reflejan dramáticamente el aislamiento. Un trabajo de Agustín Monteverde publicado durante la última semana subraya que “la inversión externa directa del sector privado no financiero en el segundo trimestre de 2007 sumó apenas 509 millones de dólares, lo que marcó una fulminante baja interanual de 67 por ciento frente a los 1534 millones ingresados un año antes, que ya evidenciaban una desaceleración de 27 por cientorespecto a lo ingresado en 2005”.
Monteverde compara esos 509 millones de dólares con “los más de 20.000 millones que Brasil atrajo en inversiones directas —es decir, en plantas y maquinarias— del exterior durante el primer semestre de este año”.
El agudo economista observa asimismo que las remesas de utilidades de las multinacionales con filiales en el país han alcanzado desde el año pasado “niveles récord del orden del 2 % del PBI, duplicando lo que giraban en los infames años '90”. Los giros por utilidades e intereses a las casas matrices fueron más de dos
veces y media lo que ingresó como inversión .
• La desinversión va, en el campo de los servicios públicos (y particularmente en el energético) de la mano con el retraso tarifario y las graves distorsiones de precios relativos, cuya corrección provocará indudablemente fuertes tensiones. La falta de inversión en aquellos campos se transforma en una restricción muy fuerte al crecimiento.
• Inflación creciente y, para colmo de males, escondida o mal disimulada con bárbaras incongruencias en el sistema estadístico nacional que profundizan el mal, transformando en objeto de duda todos los datos oficiales.
• Puja por la actualización salarial para ponerse a cobijo de los efectos de la inflación.
• Reclamos de inclusión y de un ingreso de inclusión por parte de los sectores que trabajan en negro, cerca de un 50 por ciento de la fuerza laboral. Aunque la economía está recalentada y alentando las pulsiones inflacionarias por los estímulos al consumo de algunos sectores, hay graves problemas de distribución tanto en segmentos de los trabajadores registrados como, fundamentalmente, en el ancho continente del trabajo en negro.
• Tensiones sofocadas entre Nación y provincias que tienden paulatinamente a expresarse en torno a la distribución federal de recursos hoy apropiados por la caja nacional. La reivindicación de una coparticipación equitativa de los recursos en cambio de la discrecionalidad del poder central en su reparto se hará oir más temprano que tarde.
• Un sistema político débil y convaleciente, con grandes dificultades para cumplir su función de facilitador y articulador de las pulsiones de la opinión pública en su relación con el poder. La ausencia virtual de sistema político torna más fuertes y descontroladas las tensiones sociales, estimula la práctica de la acción directa por los más diversos sectores y abre las compuertas de un crecimiento de la anomia y la violencia.

Sobre la mayoría de estos temas el gobierno actual no tiene respuestas y su candidata, al parecer, tampoco. Seguramente por eso evitan que se les formulen preguntas. ("Ha hecho pocas definiciones nuevas en Nueva York y no pudo abordar las preocupaciones económicas dominantes como la suba de la inflación, que según la estimación privada de los economistas asciende al doble que la registrada por el índice oficial del 9,6%, pero tuvo un gran desempeño en las relaciones públicas", cuestionó a la señora de Kirchner el prestigioso Financial Times). Algunos líderes de las fuerzas opositoras quizás puedan tenerlas, pero por el momento se muestran demasiado ocupados en otras cosas como para darlas: su prioridad es ubicarse al menos en el segundo puesto electoral, presentarse como los elegidos para pelear mano a mano con señora de Kirchner.
En cualquier caso, los hilos de la crisis no se cortan el domingo 28. La realidad seguirá entretejiéndolos más allá de las elecciones.